Semana de impuestos. Alegría colectiva por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara ilegal el céntimo sanitario, ese invento creado para sacar dinero a los ciudadanos con un argumento blanqueado. No puede demostrar el Principado, ni ningún otro gobierno autónomo, que haya destinado un euro del céntimo sanitario para la salud de los ciudadanos, pero necesita contar con una justificación así para encarecer otro poco más el precio de venta de los combustibles. Un tributo inflacionista que pagan todos los ciudadanos, con coche o sin coche, porque el céntimo de los transportistas repercute en el precio de los yogures, las patatas, la carne, las lavadoras y los ordenadores, de modo que al comprar cualquier mercancía se paga más dinero, utilizando la sanidad como disculpa.
CÉNTIMO SANITARIO
En Asturias, como la izquierda está aquejada de voracidad fiscal, fuimos la segunda comunidad autónoma en adoptar el céntimo sanitario. Con la llegada de Javier Fernández al poder el céntimo sanitario, que nuca fue un solo céntimo (dos céntimos por cada litro de gasóleo y 2,4 céntimos por cada litro de gasolina), se duplicó: 4 céntimos por litro de gasóleo y 4,8 céntimos en el caso de la gasolina.
Victoria moral para los ciudadanos que no repercutirá en las economías familiares, porque para rescatar el dinero cobrado ilegalmente se necesita presentar las facturas de las gasolineras, y sólo los transportistas profesionales se tomaron esa precaución. El Principado hizo 363 millones de caja. La consejería de Hacienda advierte que le corresponde al Estado asumir las consecuencias de la sentencia. Resulta que el Principado incorpora el tributo y obtiene de los combustibles más de 50.000 millones de las antiguas pesetas, y cuando se publica una sentencia que hace corresponsables al Estado y a las comunidades autónomas, dice que la culpa es del Gobierno de Rajoy y pretende quedarse con el dinero. Por mucho que lo intente, no va a convencer a Cristóbal Montoro.
El céntimo sanitario es el exponente de la política fiscal del Principado, consistente en gobernar con impuestos altos. Hay una contradicción flagrante en el discurso socialista, al predicar el sermón de las ayudas y las subvenciones ante Madrid (una región de viejos, con población diseminada y comarcas por reconvertir), mientras exprime las economías familiares con tributos. En el Impuesto sobre la Renta tenemos el 56% de tipo máximo, como Cataluña y Andalucía, mientras el resto de autonomías tributan menos. A la hora de heredar, tenemos el tercer gravamen más alto, sólo por detrás de Andalucía y Murcia. Al donar bienes a los hijos, los asturianos somos los segundos en pagar a Hacienda, por detrás de los andaluces. La compra-venta de bienes sólo está más gravada en Extremadura. Las alzas fiscales penalizan las rentas familiares y empresariales, y fuera de la región ya tenemos fama, porque hemos hecho méritos para ello.
EL DOGMA FISCAL
La elevación de los impuestos en Asturias es un dogma que no necesita verificación. Se considera que lo progresista es que la Administración retire dinero del mercado, y que las familias consuman menos y las empresas tengan costes más altos. En el mantenimiento del sistema hemos tenido parte de culpa los ciudadanos, al dejarnos llevar ante las urnas por cualquier discurso demagógico, en vez de poner la atención en el dinero que nos detraen. Eso no ocurre en Alemania, y mucho menos en EE.UU., pero la cultura económica no se instaura de un día para otro.
Pero la gran cuestión no está ya en el dinero que nos quitan, sino en lo que hacen con esa fortuna convertida en patrimonio público. ¿Para qué lideramos las alzas fiscales si apenas se dedica dinero a la inversión productiva o la creación de empleo? La respuesta oficial es que hacen falta impuestos altos para mantener servicios públicos de calidad. ¿A qué llamamos calidad? ¿A tener a 150 enfermos coronarios esperando más de seis meses por una intervención quirúrgica? ¿A que haya que esperar 16 meses por una resonancia de cuerpo? ¿A la espera de 3.500 pacientes por un TAC, algunos de ellos con un año de demora? ¿A cobrar por aparcar en el nuevo Huca más que en el centro de Gijón o de Oviedo? ¿Es servicio público de calidad el colapso en la gestión del salario social?
De esta manera llegamos al fondo del asunto: pagamos altos impuestos para costear el sueldo de los funcionarios. La mayoría de nuestros impuestos se van en alimentar la Administración, sin que ella nos devuelva en forma de servicios una cantidad equiparable al precio que pagamos por ellos. El discurso socialista de la defensa del Estado del Bienestar se ha convertido en la defensa del Bienestar de la Administración. Y el Gobierno regional ha dejado bien claro que el tamaño de la Administración no está en cuestión. Ni el Consejo Económico Social es amortizable. Si va a poner Sedes a la venta, hacen un reacomodo de plantillas y crean una gerencia en la Zalia.
Foro, PP y UPyD han pedido en la Junta General del Principado que se bajen los impuestos, frente a la opinión de la izquierda. El centro-derecha ganó la votación, pero el portavoz socialista saltó raudo a la tribuna para decir que el Gobierno socialista va a desoír al Parlamento. Si una mayoría parlamentaria quiere saltarse el dogma, el Gobierno socialista se acoge a la cláusula de la objeción de conciencia para impedirlo.