Fuerte debate en la Junta General del Principado sobre la petición de endeudamiento del Gobierno regional y los dos créditos extraordinarios. UPyD habló de engaño; Ángel González (IU) destacó el castigo que aplica el Gobierno de Javier Fernández a Gijón, asignándole una cuota de inversión ridícula (alrededor del 0,5%), cuando viven en la ciudad un 28% de los habitantes de la región; desde Foro se calificó al paquete financiero, ley de endeudamiento y créditos, de tercer rescate y pufo. Duras críticas de los grupos de oposición que contrastaron con las palabras amables pronunciadas por el PP.

En la sesión parlamentaria salieron a relucir algunos datos muy interesantes sobre los proyectos del Gobierno. Por ejemplo, los créditos y la ley de endeudamiento supondrán un pago de intereses de 88,3 millones de euros al año. Una factura asumible si los créditos fueran destinados a la financiación de servicios públicos o a relanzar inversiones productivas, pero parte de ese dinero se malgasta en dar gusto a alcaldes con la dotación de equipamientos propios de la pasada época de vacas gordas, cuando se construían museos, aulas temáticas, edificios singulares, pistas deportivas, etcétera, sin miedo a financiarlos porque la creciente recaudación por IRPF, IVA o Impuestos Especiales (hidrocarburos, tabaco, alcohol) podía con todo. El dinero invertido en la construcción o mejora de piscina que está incluido en los créditos nos va a salir ahora muy caro, por los intereses que origina y porque aumenta el gasto estructural de mantenimiento de los ayuntamientos.

La consejera de Bienestar Social, Esther Díaz, afirmó que no habrá por ahora más dinero para gasto social, pero si en el futuro hiciera falta se habilitará. Con la experiencia de lo ocurrido en el 2013, ya sabemos lo que va a ocurrir: se colapsará la lista de espera, y nadie se responsabilizará, porque la culpa la tendrá la famosa aplicación informática que no se acaba de incorporar. Tendremos antes fusión nuclear que aplicación informática para salario social. Por último, una vez concluidos los actuales planes de empleo, sólo habrá 2,4 millones para contratar a trabajadores en paro en lo que resta de legislatura. Pues bien, con 2,4 millones piensan dar trabajo a 700 personas. O pagan unos salarios subsaharianos o cada contratación durará dos o tres meses. Y eso que el empleo era la principal prioridad.