Javier Fernández considera que las desavenencias de los letrados de la Cámara con las leyes de endeudamiento y de crédito presentadas por el Gobierno regional son de carácter técnico. El presidente dice que las divergencias entre los servicios jurídicos y los gobiernos no son nada excepcional, porque ocurren muchas veces. Opta por subsanar los errores en el Parlamento y confía en que no haya que retirar las normas aprobadas. El presidente espera que este embrollo no provoque retrasos en la aplicación de los recursos económicos.

Las observaciones del letrado mayor son de orden técnico, como todas las que plantean los funcionarios de la Administración a los políticos. Ahora bien, una cosa es discrepar sobre matices, y otra que las objeciones de los letrados sean sobre cuestiones básicas. El Gobierno socialista quería llevar el pago a proveedores a la ley de endeudamiento y a esta norma sólo se pueden asignar inversiones y el gasto en servicios públicos. Es imposible que el alto funcionariado que trabaja para el Gobierno desconociera que se trataba de una operación sin base legal y, sin embargo, el Ejecutivo la llevó al Parlamento y resultó aprobada. Más extraño, aún, es que el Gobierno, en enero, hubiera dispuesto de los 157,8 millones sobrantes del Fondo de Liquidez Autonómica para pagar a proveedores, y que a mediados de abril vuelva a utilizar esta cantidad para ese fin. ¿No se habían ya satisfecho las facturas de los proveedores? En caso de no ser así, resta por saber qué otros agujeros se cubrieron con esa partida. En el informe del letrado se dice que la mencionada cantidad debe ir destinada a reponer lo ya gastado en enero. Como se puede ver las dudas y las cábalas desbordan el marco de las discrepancias jurídicas.

El Gobierno puede tirar por la calle de en medio, desoír las objeciones de los servicios jurídicos de la Cámara y exponerse a llevar un revés en los tribunales. La otra alternativa consiste en subsanar los errores por consenso de todos los grupos parlamentarios. Dada la marginación sufrida por Foro, IU y UPyD en la negociación sobre créditos y endeudamiento, es muy poco probable que se logre el consenso sobre los mismos. Si se verifican estas premisas, el Gobierno de Javier Fernández tendrá que optar entre el clásico, “tira p’alante que libras” o deshacer las operaciones. Esta última alternativa es disparatada. Sólo Lastra conoce la salida del embrollo.