Fuerte debate entre el presidente del Principado y sus antiguos socios, IU y UPyD; intercambio de opiniones versallesco entre Javier Fernández y su actual aliada, Mercedes Fernández. Los 157,8 millones de euros de la ley de endeudamiento para pagar a proveedores y los 109 millones destinados a inversión y servicios sociales despertaron agrios enfrentamientos entre Ángel González (IU) e Ignacio Prendes (UPyD) con el presidente del Principado, y amables puntualizaciones de la líder del PP a Javier Fernández, que las recibió con espíritu constructivo. Hace tan sólo unos meses, las críticas de Ignacio Prendes eran respondidas con gran mesura por el presidente asturiano, mientras que los dardos de Mercedes Fernández le alteraban el semblante; ahora ocurre exactamente al revés, IU y UPyD le exasperan, mientras el discurso del PP es un bálsamo. Entre una y otra escena media la diferencia que va del tripartito progresista (PSOE-IU-UPyD) a la gran coalición de intereses (PSOE-PP).
El motivo de la discusión es abstruso, impregnado de matices jurídico-administrativos (la parte más plúmbea del Derecho, con permiso de licenciados y doctores en leyes), pero con un fondo inquietante: los 157,8 millones que se destinan para proveedores ya estaban adjudicados para ese fin en el mes de enero. Esta postura la mantienen Foro, IU y UPyD. Y lo que es peor, los servicios jurídicos de la Cámara argumentan en la misma dirección, aunque sin entrar en valoraciones políticas: no se puede aprobar dos veces una cantidad de dinero para la misma finalidad. Por eso pedían modificar la ley de endeudamiento, observación que no fue atendida por el Ejecutivo. Merecería la pena que el Gobierno y el grupo parlamentario socialista hicieran un esfuerzo por dar explicaciones reales, sin refugiarse en un discurso absurdo, según el cual es la oposición la que desoye al letrado mayor de la Cámara. Por arte de birlibirloque, los denunciantes se convierten en transgresores. Si no aportan nuevos datos, el presidente tendrá que oír sin escandalizarse que Ángel González (IU) abomine de las normas que chocan con la legalidad.
El nuevo endeudamiento, con sus casi 90 millones de intereses, o el dinero gastado en piscinas, se desvanecen al lado de la extraña sensación que transmite al ciudadano la gestión de este asunto. Tal parece que la Administración puede hacer juegos de manos que están vedados en contabilidad privada.