Inicio de la campaña electoral con la encuesta del CIS como gran referencia. El PP gana por dos escaños al PSOE (20-21, 18-19) mientras IU obtiene 5 diputados y UPyD saca 3. A continuación, el goteo de grupos nacionalistas o radicales. O nacionalistas y radicales a la vez. El bipartidismo pierde escaños a manos llenas, aunque el modelo no se derrumba. A IU le falta un líder y un candidato reconocibles, un déficit que penaliza a la fuerza política en las urnas. UPyD tiene una implantación insuficiente en el territorio nacional y esa carencia no se compensa con las múltiples declaraciones de Rosa Díez.

En Asturias, la campaña electoral tuvo un pórtico especial: la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) condenando a Ángel González (IU) por prevaricación administrativa y dejándolo inhabilitado para cargo público durante siete años. El cuerpo del delito fue el contrato para instalar monolitos junto a las fosas comunes de las víctimas del franquismo. El TSJA relata que el consejero trató de hacer el encargo bajo la modalidad del contrato menor de obras, mientras que los técnicos del departamento dijeron que tenía que ser un contrato menor de suministro, recomendación que no fue aceptada. El tribunal manifiesta como probado que el consejero decidió conscientemente fraccionar el contrato para ganar tiempo evitando la fase concurrencial.

No dudo de la rectitud del tribunal y del acierto de la sentencia. Pero la valoración pública o política no tiene por qué coincidir con el articulado de los códigos de Derecho. El gesto trasgresor del portavoz de IU se repite a diario en todas las administraciones de España. Cuando hace falta tinta para las fotocopiadoras no se calculan las necesidades de todo el año ni se hace un pedido conjunto, una vez solicitadas y recibidas tres ofertas. En la Administración pública, como en la empresa privada, se llama a la tienda o al almacén que expende la mercancía. ¿Se está fraccionado el contrato? Puede que sea ilegal, pero es cotidiano. En caso de ir por el libro, la inveterada lentitud de la Administración española se convertiría en pura parálisis. Resulta sarcástico que el Tribunal de Cuentas, una vez chequeada la Administración del Principado, haya escogido como blanco los monolitos de la Memoria Histórica. En la Asturias de los palacios, de los sobrecostes, de las sacas de votos, el delincuente oficial es el portavoz de IU.