Las enmiendas a la totalidad de la segunda Ley de Sector Público, presentadas por Foro y UPyD, han sido derrotadas con el voto de los diputados de PSOE y PP; por su parte, IU se abstuvo. La norma se centra en la TPA, al refundir las cuatro sociedades existentes en una sola, con la propuesta de un contrato-programa y la remodelación de los órganos de dirección. Los aspectos concretos de la norma son incoloros, inodoros e insípidos, se puede estar a favor, en contra, o sentir indiferencia, pero en su conjunto la ley dista mucho de ser lo que necesita la región, ya que no genera ahorro. La única razón de fondo para reformar el sector público es la acomodación del mismo a las exigencias económicas del presente, con una administración que ingresa mucho menos recursos que hace seis años. Los ciudadanos demandan muchas cosas a sus gobiernos, pero una gran parte de ellas no está en manos de presidentes y consejeros resolverlas, siendo la reducción del tamaño de la Administración una excepción. El Principado puede optar por suprimir chiringuitos, reducirlos o potenciarlos. Pues bien, barajadas todas las posibilidades, se ha decidido por el continuismo. Se juega con el organigrama y se deja intacta la grasa del cuerpo de empresas, organismos autónomos, fundaciones y sociedades con capital mayoritario del Principado. Una vez más, en Asturias los discursos van por un lado y la realidad, por otro.
El PP, uno de los partidos -sino el que más- ha demandado la reducción del sector público, ha corrido en rescate del Gobierno socialista, dando el visto bueno a un modelo de televisión que siempre criticó. La justificación dada (mejor este pequeño logro que terminar la legislatura sin ningún fruto) es penosa, ya que el efecto conseguido es mucho más pernicioso que el inmovilismo puro, porque se crea la apariencia de una reforma como disfraz para que todo siga igual. Adaptación asturiana de la famosa fórmula de Lampedusa. La primera Ley de Sector Público tuvo en contra el voto del PP, y salió adelante con el apoyo de IU y UPyD. Eran los tiempos del tripartito. En esta ocasión UPyD estuvo en contra e IU se mantuvo al margen. Como se puede ver, en la Cámara autonómica priman las alianzas de poder sobre el contenido de las leyes. El PP carga sobre sus espaldas el peso de la gobernación con el único objetivo de evitar que el Gobierno de Javier Fernández naufrague. Más que un pacto, estamos ante un contrato de adhesión.