Los portavoces de la oposición rechazan la posibilidad de modificar el sistema de elección de alcaldes propuesto por Rajoy. El presidente quiere que el primer nombre de la candidatura más votada se convierta, automáticamente, en alcalde, sin necesidad de estar respaldado por una mayoría municipal. La propuesta es etiquetada de oportunista y electoralista. Desde la oposición se recuerda que la Ley de Bases de Régimen Local fue aprobada a finales del 2013, así que no tiene sentido cambiarla seis meses más tarde. Asiste la razón a la oposición, es absurdo aprobar una ley para modificar a continuación aspectos esenciales de la misma. Rajoy tuvo la ocurrencia cuando empezó a temer por la pérdida de alcaldías tan importantes como las de Madrid y Valencia. No se debe hacer un cambio tan transcendente movido por intereses partidistas. Así se podría despachar el comentario, pero la oposición añade más consideraciones que llevan, paradójicamente, a conclusiones opuestas.

El PSOE reconoce que llevaba la misma propuesta en su programa electoral. UPyD dice lo mismo. Foro recuerda que puso una enmienda a la Ley de Bases Local en consonancia con los actuales planes del Gobierno. En definitiva, con la excepción de IU, el resto de fuerzas parlamentarias asturianas están de acuerdo con Rajoy. Carece de sentido criticar la intención oportunista del Gobierno si los denunciantes piensan igual que el denunciado. Al contrario, deberían estar encantados con la rectificación del Ejecutivo. Si todos piensan que es una mejora sustantiva quedan descalificados los que obstaculicen su entrada en vigor.

Causa extrañeza que en un asunto tan contradictorio estén de acuerdo los dos megapartidos y los grupos pequeños. ¿Cómo pueden salir beneficiadas las formaciones que apenas tienen un puñado de concejales por una norma que excluye los pactos para alcanzar alcaldías? Es un misterio. Sospecho que el consenso viene precedido por un sentimiento común de fracaso. Me explico. Los ayuntamientos, tal como están configurados, no satisfacen al arco parlamentario. No saben qué hacer con ellos. Zapatero no supo solucionar el problema de las competencias impropias (titularidad de la comunidad autónoma y gestión municipal, de “facto”) y Rajoy buscó una fórmula artificial consistente en pasar la gestión a las diputaciones fomentando el uso de convenios con los ayuntamientos para dejar todo como estaba.