El Principado va a presentar a la Federación Asturiana de Concejos (FACC) el decreto-ley que concreta en Asturias la reforma local, separando las competencias de la comunidad autónoma de las que corresponden a los ayuntamientos. Por cierto, la concreción del Principado llega casi a mediados del mes de julio, cuando hace mucho tiempo que los gobiernos de otras regiones procedieron a decir qué le toca a cada administración. La lentitud es una característica de la forma de gobierno implantada en Asturias, tanto da que se trate de cuestiones meramente administrativas que se resuelven en un despacho, como de cuestiones prácticas relacionadas con el desbroce de caminos que salen a concurso a principios de verano: debe ser que prevén un otoño exuberante.

El Principado y los ayuntamientos contemplan con máximo recelo la reforma local aprobada por el Gobierno de España. El anuncio de acabar con el sinsentido de las competencias impropias (llaman así a las que gestionan los ayuntamientos, pese a ser de competencia autonómica) no les ha causado ninguna satisfacción; el Gobierno regional teme recibir un paquete competencial sin cobertura financiera y los ayuntamientos, aunque no lo confiesen, les preocupa perder competencias que desarrollan de facto, porque las competencias suponen poder y no hay político que se resigne a perder poder. Siempre pensé que si mañana el ministro de Sanidad convierte a los hospitales en entes municipales, los alcaldes dejarían todo para ir a saludar al personal sanitario, y al día siguiente clamarían por dinero.

La reforma local es un texto entreverado de intenciones ministeriales y enmiendas de regidor. Desde la perspectiva del Gobierno es un quiero y no puedo tras haber redactado veintisiete borradores. Para los alcaldes es un mal menor, porque en el proyecto inicial quedaban el 80% de los consistorios reducidos a mera entelequia con derecho, exclusivo, a escudo y bandera. A la hora de aplicar la reforma, ayuntamientos y Principado alzan la voz para pedir más dinero. Cuando hay que gestionar todos los recursos son pocos. Ahora bien, el Principado no necesita más dinero para recibir las competencias sociales o educativas, siempre que los ayuntamientos le transfieran funcionarios y recursos. Estoy seguro que nadie plantea esa alternativa natural. Apuesto porque la reforma se solventará con la firma de convenios entre administraciones.