La segunda Ley de Racionalización del Sector Público, centrada en la RTPA, ha sido pactada entre el Gobierno y el PP. A la luz del acuerdo se entienden algunos retoques dados al consejo de administración que no sirven para racionalizar el ente ni para mejorar su gestión, sino para ser copado por los dos grupos. Hasta ahora los miembros del consejo de administración y el director del ente eran elegidos con el apoyo de dos tercios de los diputados (30 escaños) de la Junta General del Principado. Tras la aprobación de la ley se mantiene la exigencia de los dos tercios, pero en caso de no contar con ese respaldo a las veinticuatro horas serán elegidos por la mayoría absoluta (23 escaños) de la Cámara. PSOE y PP tienen 27 diputados, así que la mayoría de los dos tercios les obligaba a acordar con Foro o con IU los nombramientos, mientras que entre los dos solos están en condiciones de cumplir con el requisito de la mayoría absoluta. Consejeros del bipartito y director del bipartito.

La RTPA queda rediseñada, reformada y racionalizada para abordar las elecciones autonómicas y municipales. No hace falta andarse con rodeos ni medias tintas, se aplica la doctrina del bipartito desde la mañana a la noche y a esperar el resultado de las urnas. ¿En qué se concreta la doctrina bipartidista? Muy fácil. Se le da caña a Foro a tres turnos, ninguneo a IU y UPyD, y muchas declaraciones de consejeros de gobierno, con pose de estadistas, aderezadas de reflexiones de Mercedes Fernández, Emma Ramos, Susana López Arias, etcétera. La entente de fuerzas que siempre gobernó la región llevada a la pantalla. Se clausura el discurso de la izquierda, del progreso, que tanto le agrada leer a Javier Fernández, y se hace un reparto desnudo del poder. Duopolio para la región, duopolio para el Parlamento y duopolio para la pantalla. Aunque la felicidad nunca será completa mientras haya una televisión privada, independiente, dispuesta a decir lo que ocurre en Asturias.

Llamar racionalización a las medidas propuestas es grotesco. La primera ley se reducía a vender las acciones de Sedes y terminó en un completo fracaso. Sedes sigue en vía muerta aplastada por el peso de los 85 millones de euros de deuda. Al anunciar el estudio de la segunda ley del sector público (RTPA), los portavoces socialistas subrayaron que no se trataba de ahorrar, sino de racionalizar, así que unificaron rótulos, llamaron al PP y se repartieron el ente.