La publicación de las balanzas fiscales ha propiciado el cruce de declaraciones enfrentadas. Guillermo Martínez, consejero de la Presidencia, dice que el Principado no va a permitir que los saldos de las balanzas sean el punto de partida de la negociación presupuestaria. El Gobierno socialista de Andalucía considera que sólo va a servir para enconar los ánimos y, de paso, alguna comunidad autónoma buscará acuerdos bilaterales con el Gobierno central. Desde las regiones que tienen saldo fiscal negativo (aportan más de lo que reciben), las cosas se ven distintas, al considerar que el actual modelo les da un trato abusivo.

Cataluña, Madrid, Valencia y Baleares están por debajo de la financiación media por habitante de España. Entre las cuatro suman más de veinte millones de habitantes y representan más del 40% del PIB nacional. Madrid y Baleares llevan muchos años, ininterrumpidamente, con saldo fiscal negativo; Cataluña también está en la misma situación, aunque algún año no fue así; Valencia salió muy mal parada en la negociación del actual modelo de financiación y forma parte del cuarteto de regiones agraviadas. Al ser comunidades ricas, lo lógico es que realicen un esfuerzo de solidaridad con los territorios pobres, en una labor redistribuidora de riqueza que hacen todas las regiones ricas del mundo dentro de sus propios estados. También en Gijón, Oviedo, Mieres o Navia, los ciudadanos pudientes pagan más que los desfavorecidos y las administraciones pueden de esa manera contar con recursos para mitigar las diferencias sociales. Establecida esa elemental premisa, lo que no es de recibo es que las regiones ricas, tras el trasvase de recursos, cuenten con menos dinero “per capita” para la atención sanitaria o la educativa. Es como si un ciudadano que gana 40.000 euros, tras pagar impuestos y cargas sociales, tiene menos dinero en la cartera que uno que gana 20.000. El Gobierno central debe corregir ese efecto perverso en la negociación del nuevo modelo de financiación. Asturias o Andalucía pueden exigir que haya una solidaridad propia de territorios que forman un estado, pero no se puede convertir la pobreza inicial en fuente de privilegios.

A esta situación se llegó por los mecanismos artificiosos (fondos) que se introdujeron en el modelo de financiación para beneficiar a unas u otras regiones. En vez de nivelar sirvieron para crear nuevas diferencias y alimentar recelos.