El Ministerio de Hacienda ha dado a conocer unos datos relativos a las comunidades autónomas que reflejan la escasísima voluntad de reforma de la Administración del Gobierno asturiano y la lentitud que imprime a la misma. Al inicio del mandato, Cristóbal Montoro pidió a las comunidades autónomas que comunicaran los planes de reordenación de su sector público. En ese momento había en España 2.369 organismos (empresas, fundaciones, patronatos, etc.) controlados por los gobiernos regionales. Las 17 comunidades se comprometieron a dejar reducida esa extensa nómina a 1.579 entes, aplicando un recorte del 33% de media. Pues bien, Asturias sólo asumió una rebaja del 17%, la más leve del pelotón autonómico, con la excepción de Las Canarias. Al empezar el presente año, la operación estaba ya muy avanzada en casi todos los territorios, con un índice de ejecución del 85%, siendo la principal excepción el Principado, que sólo había reordenado ocho de los quince entes anunciados, destacando como la región que tiene más tarea por hacer.

Los portavoces del Gobierno socialista siempre dijeron que el sector público asturiano tenía un tamaño ajustado y que apenas sobraban entes. De acuerdo con esa premisa, sólo se mostraron dispuestos a clausurar el 17% de la costosa estructura administrativa. Puestos a ejecutar el compromiso muestran una desgana evidente, ya que no creen en la tarea y sólo la emprendieron bajo la presión del Gobierno central.

Las resistencias del Principado a rebajar el tamaño de la Administración, cuando sufrimos una fuerte pérdida de riqueza (10% menos de PIB) en los últimos seis años, condiciona su política de ajuste fiscal. Si el Gobierno asturiano no se quiere desprender de nada, tendrán que ser los asturianos los que cedan mucho. Dicho de otra forma: mantener casi intacto el sector público implica hacer cesiones desde la sociedad, vía impuestos. De ahí que tenga el sistema fiscal asturiano el tipo marginal del IRPF más alto de España. Todavía nadie hizo el prodigio de presentar una mastodóntica estructura pública con liviana carga fiscal. A esa reflexión convendría añadir otra dedicada a la eficiencia del sector público, que está por realizar. Fruto de todo ello nace esa forma tan especial que tiene el Gobierno socialista de gestionar el presupuesto, consistente en retrasar el pago de facturas, porque con pagar las nóminas de los empleados ya tiene bastante.