Aunque el escaso debate político del mes de agosto se despacha con especulaciones sobre Podemos y la controversia sobre el método de elección de alcaldes, el hecho que más va incidir en la política, la sociedad y la economía del país, en los próximos meses, será la consulta sobre el derecho a decidir en las urnas catalanas. Faltan 77 días para la cita, y apenas se debate sobre el desafío lanzado por la Generalitat y los partidos aliados (CiU, ERC, Iniciativa y CUP). Rajoy mantiene la táctica de no darse por enterado del desafío, limitándose a recordar que el Tribunal Constitucional y el Congreso de los Diputados han rechazado la consulta por ilegal. En el encuentro que tuvo con Artur Mas, el presidente mostró la salida al conflicto, ofreciendo un trato diferencial a Cataluña si se mantiene dentro del orden constitucional. Vista en perspectiva, la oferta de Rajoy da satisfacción a las demandas que durante décadas realizó la Generalitat, al abandonar el “café para todos” y pasar al marco de negociación bilateral. Un trato diferencial que conlleva, necesariamente, un modelo de financiación singular, y un aumento de todo tipo de ayudas.
En circunstancias normales, Artur Mas aceptaría la oferta y la presentaría como un triunfo de la Generalitat, pero se ha embarcado en la apuesta independentista y no sabe cómo dar marcha atrás. Del pulso entre el Gobierno y el catalanismo, lo único que se puede afirmar, a estas alturas, es que Artur Más y CiU saldrán como perdedores. El subidón de independentismo ha servido para que la población haya girado hacia ERC, sin que Rajoy ceda. Entre el Gobierno y Esquerra, Artur Mas quedó en tierra de nadie. El radicalismo perjudica a las fuerzas moderadas.
La alianza de los cuatro partidos que apoyan la consulta no se va a poder mantener mucho tiempo, pero aún carecemos de datos que permitan divisar el futuro. El fracaso de Artur Mas y el descrédito de CiU no implican que las aguas vuelvan a su cauce, máxime cuando las encuestas auguran un avance del catalanismo y el desfondamiento de las fuerzas constitucionalistas, con la excepción de Ciudadanos. Seamos realistas, en una democracia, el choque entre las instituciones que encarnan la ley (Parlamento, Tribunal Constitucional, Gobierno), y la mayoría electoral de un territorio, no tiene fácil solución. En algún momento habrá que hacer una propuesta política que llene el vacío dejado por el fracaso de Artur Mas.