La Ley de Transparencia continúa la tramitación parlamentaria con la comparecencia de expertos en Derecho (profesores de la Universidad de Oviedo) para hacer la valoración del proyecto. Los expertos consideran que el articulado de la norma debe aplicarse a cualquiera que reciba dinero de la Administración, con independencia de la cuantía. El Gobierno prevé que las pautas de transparencia se apliquen a las personas físicas o jurídicas que reciban una subvención superior a los 50.000 euros. Hay una coincidencia de fondo, entre el Gobierno y los juristas, difiriendo en el nivel de exigencia. En caso de duda hay que mirar hacia los ciudadanos; todos hemos oído mil veces expresiones como que “se de cuentas hasta de la última peseta”, aplicadas al destino de los dineros públicos, que ya sé que no tiene que ver exactamente con la transparencia pero orientan sobre las preferencias de la gente, en cuyo nombre se legisla. Un euro aislado es tan importante como el que llega precedido de otros 50.000.

Como acabo de dar un valor decisorio a la opinión de los ciudadanos, creo que esta moda de la transparencia no conecta con el sentir de la gente, sino que es un mantra de la clase política, que utilizan como arma arrojadiza los partidos para evitar tomar medidas claras contra la corrupción. La transparencia, como la eficiencia, se ha convertido en un comodín en el discurso de diputados y consejeros, que sólo sirve para edulcorar sus gorgoritos ante la Cámara. Sí, la gente con la que hablo por la calle quiere honradez, que es un concepto con mayor raigambre y mucho más necesario aplicado al dinero público que la transparencia. Y quiere sanción para cacos, aprovechados, prevaricadores, “mangutas”, etcétera. La Ley de Transparencia no contempla un régimen de penalizaciones para infractores: qué casualidad.

La gente quiere saber por qué unas empresas reciben tanto y otras no reciben nada, trabajando todas en el mismo sector y dando el mismo servicio. La gente desea que los políticos se mantengan a cien metros de distancia de las mesas de contratación pública, y que los funcionarios que valoren las ofertas no sean escogidos a dedo por los miembros del Gobierno. Los ciudadanos necesitan que le expliquen cómo casan las nóminas de los políticos y sus patrimonios. Mientras las cosas citadas, y otras muchas más, no se resuelvan, la transparencia no pasará de ser el nuevo traje oficial para el baile de disfraces.