Los dirigentes de la Unión Sindical Obrera (USO) han dado un paso al frente para resolver los interrogantes que penden sobre el “caso Villa” al pedir que se investigue el dinero que gestionó el Soma de los cursos de formación. Recuerdan que el Tribunal de Cuentas hizo un informe muy crítico sobre la Fundación para el Desarrollo de la Formación en las Zonas Mineras del Carbón, y creen que se debe investigar las gestiones realizadas por la Comisión Ejecutiva del Soma. Desde que saltó la noticia sobre el dinero oculto (1,4 millones de euros) del líder minero es la primera propuesta encaminada a arrojar luz sobre el origen de su riqueza. El Soma debería ser el más interesado en que se llevase a cabo la investigación que propone USO, porque es la única manera de descartar cualquier sospecha de connivencia o complicidad con los manejos de Villa. Como un minero jubilado carece de ingresos para ahorrar 1,4 millones, y dado el mutismo del propio interesado que no ha dicho ni una palabra sobre el particular, la hipótesis más plausible pasa por relacionar la entrada de ingresos extraordinarios con su posición de poder en la política y el sindicalismo.
Todo el mundo alabó la rapidez y la contundencia con que Javier Fernández y José Luis Alperi expulsaron a Villa del PSOE y del Soma, a las pocas horas de que se supiese que se había acogido a la amnistía fiscal. Palabras dura y gestos inequívocos para condenar al líder minero y alejarle de sus organizaciones. Todo eso está muy bien siempre que abran una investigación interna para saber exactamente qué pasó. Sin embargo, después de arrojar a los leones a Villa, los máximos dirigentes del partido y del sindicato, donde militó la pantera de Tuilla durante cuarenta años, se quedaron cruzados de brazos, como si no pudiesen aportar nada para esclarecer cómo se fraguó el escándalo.
A ojos de la sociedad, los partidos políticos quedaron muy dañados en los últimos años por la forma de abordar la crisis económica y por las prácticas corruptas que salieron a superficie. Siendo esto cierto, me parece que aún es peor la consideración social sobre los sindicatos. La robadera de Andalucía con los cursos de formación y los expedientes de regulación de empleo dejó a los máximos dirigentes de UGT y CCOO, de aquella región, a los pies de los caballos. El sindicato que quiera recuperar el aprecio de los ciudadanos debe mostrar sus cuentas. No valen disculpas torticeras.