Davelco, la empresa de la que es copropietaria Esther Díaz, también ha trabajado para el sector público estatal, al realizar contratos directos de suministro para Tragsa, perteneciente al holding de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Davelco infringe la Ley de Contratos del Sector Público, al tener Esther Díaz el 19,8% de las acciones, mientras la norma pone el techo en el 10%. Lo mismo ocurre con la normativa asturiana que pone límites a las empresas en manos de altos cargos que contraten con cualquiera de las administraciones.

Desde una perspectiva política, es lo mismo que una empresa en manos de un alto cargo y su cónyuge contrate directamente una obra o un servicio con una administración –como es el caso de la relación entre Davelco y Tragsa- o que lo haga en calidad de subcontratista. Hemos visto ya tal cantidad de apaños y enjuagues que la ciudadanía está harta de listos. Si a cualquier persona que va por la calle se le pregunta su opinión sobre la relación de Davelco con las administraciones, teniendo en cuenta que la consejera de Bienestar Social y Vivienda tiene el 20% de la propiedad, y que su marido un paquete accionarial aún mayor, responderá de forma muy negativa. Aunque a Esther Díaz le cueste entenderlo, la mayor parte de la sociedad no tiene un criterio tan laxo como ella. Lo que todo el mundo piensa es que si la consejera de los ancianos, de la infancia y de los necesitados, adjudica la construcción de un geriátrico debe tener el buen gusto, la prudencia o, simplemente, el sentido del pudor, de evitar que una empresa suya participe en la obra del geriátrico, bien sea poniendo ladrillos o prestando un servicio a quienes lo ponen. No es una cuestión de legalidad o ilegalidad, sino de decencia, de decoro. En la nómina de un cargo público está incluida una cierta dosis de ejemplaridad, que se compadece mal con obtener una doble ración de ingresos: el sueldo de consejera y el cobro de los servicios que presta su empresa a la construcción de una infraestructura adjudicada por ella misma.
Esther Díaz era experta en la materia cuando desembarcó en el Principado, porque el sistema de adjudicar equipamientos y participar en su construcción a través de contratos de suministro de sus empresas, lo había ensayado en su etapa de alcaldesa. Por eso le resulta difícil asumir que cuando se entra en un gobierno la libertad para hacer negocios queda radicalmente restringida.