Las andanzas empresariales de Esther Díaz constituyen un test para la oposición. Hay partidos que discrepan abiertamente del proceder del Gobierno. Foro encuentra muy extraña la tardanza de Javier Fernández para abordar la cuestión, en contraste con la celeridad aplicada para arrojar a Villa a las tinieblas. UPyD habla de silencios atronadores al referirse al impasse del Ejecutivo. IU pone el dedo en la llaga al decir que “si una consejera tiene acciones en una empresa, no es solo cosa de ella, sino también del Gobierno.” El PP está en otra posición, como partido con función de contrafuerte, dotado de un cierto margen para criticar, pero entregado a su misión principal que consiste en sostener al Ejecutivo socialista contra viento y marea. Cuando llegó Mercedes Fernández al Parlamento asturiano dijo que no había hecho otra cosa, a lo largo de su vida, que oponerse a los socialistas. Los electores sabrán valorar el grado de coherencia.

Las leyes de Transparencia y de Buen Gobierno e Incompatibilidades de Altos Cargos del Principado han quedado en agua de borrajas por la vía de los hechos. Importan muy poco los preceptos teóricos, cuando el propio Ejecutivo que redacta esas normas se encuentra cómodo apalancado en situaciones socialmente reprobables. Si el consejero o consejera de un gobierno autonómico tiene acciones de una empresa, y su cónyuge posee una cuota accionarial aún mayor, siendo a la vez administrador de la sociedad mercantil, es evidente que bajo ningún concepto puede obtener lucro de las actuaciones de ese gobierno. El consejero o la consejera de un gobierno autonómico no pueden adjudicar la construcción de una infraestructura y participar en la realización de la obra a través de una empresa de su propiedad que es solicitada por el adjudicatario para prestar sus servicios o realizar una parte de la obra. Los supuestos anteriores tienen la misma valoración si en vez de hablar de un consejero o consejera, hablamos de un alcalde o una alcaldesa. Conocida la situación, si el presidente del Principado se lava las manos, cabe concluir que le parece asumible el proceder de Esther Díaz. Le gustará más o menos, pero prefiere mirar para otro lado antes de corregir una situación que la sociedad repudia.

Todavía nos queda por ver cómo los socialistas se envuelven en la bandera de la libre empresa para justificar que Davelco trabaje en los proyectos de la Consejería de Bienestar Social.