Esta semana se debatirán en la Cámara las enmiendas a la totalidad del presupuesto regional para 2015. Todos los grupos de la oposición, excepto el PP, presentan enmiendas de devolución de las cuentas. Esta es la norma general en los parlamentos, salvo que haya un acuerdo previo con el gobierno. El resultado de estas enmiendas es la desestimación, gracias al pacto PSOE-PP, que garantiza la viabilidad parlamentaria del proyecto presupuestario. Dos días antes de terminar el año se debatirán las enmiendas parciales de la oposición; es posible que el PP se sume a los otros cuatro grupos de oposición y presente alguna enmienda parcial de orden técnico. De ser así, el motivo de la iniciativa del PP no será tanto mejorar las cuentas regionales como recomponer su propia imagen como grupo opositor, ya que es muy poco usual que un partido de derechas, como el PP, apruebe los presupuestos de un gobierno de izquierdas, como el del PSOE, cuando quedan cinco meses para las elecciones autonómicas. Un pacto de esta naturaleza no encuentra correlato en el resto de comunidades autónomas.

En la Cámara los debates presupuestarios tienen un tratamiento sumario. Se trata aprisa y corriendo la propuesta de cuentas y se pasa a la votación. Todo sucede en una mañana con ahorro de tiempo para tomar el vermú barato del bar del Parlamento. Un comportamiento propio de gobiernos con mayoría absoluta, aunque en nuestra región es una norma para todo tipo de gobiernos. O se rechazan las cuentas del Ejecutivo, como ocurrió en el año 2012 con el proyecto del Gobierno de Cascos, o se aprueban, pero en ambos casos sin debates a la altura de la importancia de la materia sometida a examen.

Sería bueno que Gobierno y oposición se esmeraran en sus argumentos, porque dar por bueno el pacto secreto, PSOE-PP (para ser más exactos habría que hablar de pacto, Dolores Carcedo-Mercedes Fernández, ya que los demás diputados del bipartito tuvieron tanta información como el resto de grupos parlamentarios), sería rebajar la imagen de la Cámara, que ya está bastante deteriorada por las decisiones de algunos grupos parlamentarios, como la reciente anulación del pleno ordinario correspondiente al mes de diciembre. La ridícula cifra inversora, el creciente grado de endeudamiento, la coriácea defensa del tamaño sector público y el gasto en servicios públicos deben ser objeto de controversia. Que la voz de la calle entre en el Parlamento.