Jordi Pujol, su esposa, Marta Ferrusola, y tres de sus hijos: Marta, Mireia y Pere están imputados por fraude fiscal y blanqueo de capitales en un juzgado de Barcelona. La investigación se centró en el origen de la fortuna que según el ex honorable fue fruto de la herencia de su padre en favor de la nuera y los nietos. Pese a los requerimientos del juzgado, Andorra y Suiza evitaron dar datos sobre el dinero oculto; estos países actúan como empresas que no quieren delatar a sus clientes. Manos Limpias se había personado en el sumario, pidiendo la imputación por malversación de fondos públicos y por soborno, pero la jueza que lleva el caso no vio consistente las pruebas de esos delitos como para incorporarlas al sumario. No es esta la única causa penal en la que están implicados Pujol y familia.

Pese a la delicada situación económica, con cerca de un 24% de paro y cinco millones de desempleados, la atención de la opinión pública se ha desplazado hacia la corrupción de la clase política. Madrid, Valencia, Cataluña, Andalucía y Baleares son los principales escenarios de los delitos de diputados, consejeros y altos cargos. Si soportar la ineptitud de los gobernantes irrita a una población castigada por la crisis económica, aún es mucho más difícil de digerir la robadera de los que mandan. El ocaso del bipartidismo, un fenómeno llamado a confirmarse en las citas electorales de 2015, se debe tanto a la corrupción como al desempleo.

Dentro de ese contexto general, lo que ocurre en Cataluña es especial. El papel estelar de la familia Pujol no tiene parangón en otras comunidades autónomas. Uno se plantea cuál era la principal ocupación y preocupación del ex honorable a lo largo de los 23 años de su égida como presidente de la Generalitat. En un país con un mínimo de calidad democrática no es posible que la extensa familia de un presidente esté implicada en tantos chanchullos. Así llegamos a un asunto muy importante: el paraguas del discurso nacionalista para los políticos implicados en asuntos de corrupción. Jordi Pujol ha sabido envolverse en la “senyera” para convertir las imputaciones penales en ataques a Cataluña. Ya utilizó esa táctica en los años ochenta del siglo pasado, cuando estalló el escándalo de Banca Catalana. Las fechorías de los políticos nacionalistas apenas suscitan crítica social, al igual que tampoco son considerados parte de la casta por más que se pasen media vida en la poltrona.