Tras años de forcejeo judicial, político y mediático, José Castro ha enviado a la infanta Cristina al banquillo, acusada por dos delitos fiscales de defraudación a Hacienda, por considerar que actuó como cooperadora necesaria de las trapacerías de su marido. La cooperación de la infanta en las maquinaciones de Undargarin tiene que ver con los ingresos y gastos registrados en la empresa Aizoon, propiedad de ambos a partes iguales, hacia donde Undargarin desviaba sus ingresos como miembro de una decena de consejos de administración para que tributaran por el Impuesto de Sociedades, no por el IRPF. Cristina de Borbón gastaba el dinero que ingresaba su marido en Aizoon.

En la pugna final por sentar a la infanta en el banquillo, el juez Castro tuvo que sortear la llamada “doctrina Botin”, ya que al abstenerse la Fiscalía de formular acusación alguna y al no existir acusaciones particulares, la acción popular (Manos Limpias) sola no serviría para abrir un juicio oral contra ella. El juez Castro argumenta que el delito fiscal es un delito contra los intereses colectivos, así que se acoge a la “doctrina Atutxa” (una matización sobre la doctrina Botín): la lesión de los intereses generales es motivo suficiente para que la petición de la acción popular lleve al banquillo.

Desde una perspectiva ciudadana es todo mucho más sencillo. El Instituto Nóos, creado por Undargarin y su socio, Diego Torres, era un montaje para sacar dinero de las administraciones públicas y empresas, como se pudo comprobar con las facturas libradas y los trabajos realizados. En la directiva de ese organismo estaba Cristina de Borbón, así como Ana María Tejeiro, esposa de Torres. La ausencia de la infanta de las reuniones fue motivo para exonerarla de los manejos. Cuando el asunto saltó al Parlamento Balear, el Instituto Nóos quedó sin actividad y Undargarin pasó a ser consejero de multinacionales. Para pagar menos a Hacienda utilizó a Aizoon, la empresa hacia la que desviaba las ganancias de Nóos. El 50% de Aizoon era de Cristina de Borbón que también hacía las funciones de administradora de la misma. Así quedó atrapada. En una sociedad con cinco millones de parados, ver enriquecerse a una hija del Rey y a su yerno por la vía de trabajos –muchas veces ficticios- otorgados a dedo y rematar la jugada con fraude fiscal merece un juicio en toda regla. Lo único extraño es que haya costado tanto sentarla en el banquillo.