La comisión de investigación parlamentaria sobre el “caso Villa” se topa con las limitaciones de su trabajo: la documentación requerida al Principado está contenida en 800.000 folios. Si tenemos en cuenta que en enero hay vacaciones en la Junta General del Principado y que a primeros de abril se disuelve el Parlamento, no hay tiempo ni para realizar una lectura rápida de una tercera parte del material. Los socialistas piden un esfuerzo al resto de grupos para hacer viable el trabajo de la comisión y el PP culpa directamente a Foro de la voluminosa documentación requerida al querer investigar la gestión de los fondos mineros. A estas alturas de la película y con las elecciones a cinco meses, el PP está dispuesto a culpabilizar a Cascos de todos los males de la región. Sería bueno preguntarse cómo se investiga la actuación de Villa sin detenerse en lo ocurrido con los fondos, teniendo en cuenta que la comisión no tiene como objeto valorar el arrojo del exsecretario general del Soma como sindicalista ni su contribución a la vida parlamentaria española y asturiana, sino cómo pudo juntar 1,2 millones de euros para acogerse, posteriormente, a la amnistía fiscal decretada por el Gobierno de Rajoy. Por alguna razón el PP no quiere escudriñar lo que ocurrió con los fondos mineros, pero no puede decir que sea erróneo hacerlo.

El problema no está en la documentación, sino en la decisión de crear la comisión de investigación a mediados de otoño cuando ya no había tiempo material para hacer el trabajo. De la tarea de investigación sobre el “caso Renedo” y la gestión del Niemeyer no salió muy bien parado el prestigio de la Junta General del Principado, así que convendría valorar los objetivos que se asumen antes de embarcarse en empresas de imposible realización. Al paso que vamos, en este mandato los diputados van a dedicar más energías a investigar sobre episodios del pasado que a elaborar leyes, controlar la acción del Gobierno o debatir sobre los problemas más candentes de la actualidad.

Aún con todo tiene gracia la respuesta del Soma cuando se le requirió que aportase las remuneraciones y dietas de Villa. El sindicato preguntó al Parlamento que valorase si esas informaciones no vulneraban la Ley de Protección de Datos. El PSOE encontró muy razonable el proceder del Soma. ¿Qué carajo van a descubrir los diputados de Villa si no pueden tener acceso a sus nóminas? Ni hay tiempo ni tienen ganas.