Subido a la rima del villancico popular, Cristóbal Montoro ha cambiado las reglas del juego mientras los españoles miraban cómo beben los peces en el río. El ministro de Hacienda, con el obligado apoyo del presidente Rajoy, ha dado un golpe de mano quebrando la viga maestra del mandato: la política de ajuste fiscal. Montoro ha instaurado una nueva doctrina basada en el estímulo del gasto autonómico con financiación gratis del Estado.
BANKIA
De todas las frivolidades e incoherencias realizadas por el Gobierno de Rajoy en tres años, ninguna es tan grave como esta. Los españoles de a pie tienen todo el derecho del mundo a sentirse engañados, porque el Gobierno pasa del digo al Diego, sin dar explicaciones. En el 2012 la inyección de dinero a Bankia nos dejó atónitos, y ahora el chorro de dinero a los gobiernos regionales nos hunde en la perplejidad.
En esta legislatura el Gobierno prestó 93.000 millones de euros a las comunidades autónomas, y ahora les anuncia otros 40.000 millones sin interés. De ellos, 28.100 millones irán destinados a los gobiernos regionales que incumplieron los objetivos de déficit, y otros 12.880 serán para las regiones cumplidoras, bajo la sugestiva rúbrica de Fondo de Facilidad Financiera (FFF). También crea un Fondo de Liquidez Social para pagar las deudas que las comunidades tienen con los ayuntamientos. Sólo en 2015 los gobiernos autonómicos dejarán de pagar 5.552 millones al Estado en intereses.
Nada más ganar las elecciones, Rajoy dijo que toda la política de su Gobierno se supeditaría al ajuste fiscal. Ante la Unión Europea, el Gobierno responde del déficit de todas las administraciones, y está obligado a tomar medidas para que comunidades autónomas y ayuntamientos avancen por la senda de la nivelación de ingresos y gastos.
En la primavera de 2012, cuando estaba en juego la investidura del nuevo presidente del Principado (Javier Fernández o Álvarez-Cascos), Montoro rompió el tiempo de asueto de una tarde de sábado para anunciar que intervendría las cuentas asturianas, pretextando no sé qué desequilibrios (luego se vio que al terminar el primer trimestre, Asturias tenía superávit). Ponía la política del Ministerio de Hacienda al servicio de los intereses partidistas del PP, y una vez logrado el objetivo de alejar a UPyD de Cascos no volvió a hablar de intervención.
Nuevamente vuelve el ministro de Hacienda a mezclar el dinero público con intereses de partido, porque el objetivo de esta política de extrema generosidad no es otra que ganar puestos en la carrera hacia las urnas.
Si en el año 2012 cometía una intolerable injerencia en asuntos de gobierno de una comunidad autónoma, ahora hace algo mil veces más grave: comprometer las cuentas del Estado ante los ojos de Bruselas, y lanzar un mensaje muy peligroso a los mercados: los territorios que incumplen el techo de déficit público tienen premio, y a los cumplidores se les presenta una tentación para que gasten por encima de sus posibilidades.
BURLA
La Comisión Europea había advertido al Gobierno de España sobre la desviación del objetivo de déficit de las comunidades. El aviso tenía fundamento, porque en los once primeros meses del año el déficit de la Administración central había descendido un 10,3%, y el de las comunidades autónomas había crecido en un 31,6%. Una tendencia alarmante de la que Montoro se burla decretando barra libre para el gasto.
En el momento en que los gobiernos autonómicos dan señales inequívocas de desentenderse de sus obligaciones con el Estado, el ministro de Hacienda les regala dinero. ¿Qué banco da dinero gratis a un deudor insolvente? ¿Qué entidad de crédito puede mantener su solidez prestando dinero sin cobrar intereses?
La respuesta a esos interrogantes nos indica que dentro de unos meses el déficit autonómico habrá crecido fuertemente, y las cuentas del Estado perderán credibilidad al tener que avalar a gobiernos insolventes que actúan como irresponsables. Estamos hablando de unos entes que tienen una deuda total de 230.000 millones.
LA CASTA
Montoro devuelve a la minoría de edad a presidentes autonómicos y alcaldes (el ministro da 364 millones a los ayuntamientos insolventes y 130 millones a los solventes) que pueden volver a practicar su deporte favorito con el Estado: yo gasto y tú pagas.
¿Por qué no crea un Fondo de Facilidad Financiera para familias en apuros? ¿Qué opinarán los contribuyentes que están sometidos a los rigores de la inspección de Hacienda? ¿Qué pensarán todos los que piden aplazamiento para sus deudas fiscales y con la Seguridad Social recibiendo la negativa o la callada por respuesta? ¿Cómo se sentirán los pequeños empresarios –más del 95% del empresariado- ahogados por los gastos financieros? ¿Qué dirán los expulsados de su vivienda por no poder pagar los dichosos intereses? ¿Con qué geta pedirán los recaudadores autonómicos el pago de deudas, cuando el Estado les perdona de un plumazo 5.552 millones?
El sorprendente regalo del ministro, el silencio de los beneficiados, las comedidas quejas de los que aspiraban a recibir el mismo trozo de tarta que Cataluña, tienen el aroma inconfundible del cambalache: el último consenso de la casta antes de pasar por las urnas.