La primera jornada de comparecencias en la comisión parlamentaria que investiga la procedencia de la fortuna de José Ángel Fernández Villa terminó sin declaraciones. Como estaba previsto, el exsecretario general del Soma no asistió; la pasada semana envió a la Cámara un informe médico en el que se hace constar la merma de facultades mentales que lo incapacitan para responder con rigor a un interrogatorio, dado el mal estado de su memoria y su escasa capacidad de raciocinio. Su familia atendió al llamamiento del Parlamento pero se acogió al derecho de no responder a las preguntas. José María Postigo, ex presidente del Patronato Minero, optó por no responder a los diputados, al igual que sus familiares llamados por el Parlamento. Una jornada de citaciones sin obtener ningún testimonio. Los diputados, como cazadores sin fortuna, se marcharon para sus casas con las manos vacías.

Aunque los invitados no ayudaron a obtener información, la comisión tomó alguna decisión de interés. En primer lugar, remitieron el informe médico a la Fiscalía para saber si la ausencia de Villa es constitutiva de delito. La lógica indica que el dirigente sindical tiene las espaldas totalmente cubiertas con un informe como el que presentó. Más interés tiene otra decisión de la comisión, propuesta por su presidente, Ignacio Prendes, consistente en pedir a la Fiscalía que incapacite a Villa. Quien no puede saber cómo hizo su fortuna, tampoco está en condiciones de gestionarla. Para vender o comprar bienes tendrá que tener el apoyo de un tutor, que lo nombraría la autoridad judicial. Villa y familiares comprobarán que la ausencia del Parlamento tiene un coste. Es de esperar que fiscal y juez actúen a la mayor brevedad, sin entender de excepciones.

Imagino que hoy habrá respuestas por parte de los comparecientes a la comisión. El presidente del Principado y dos expresidentes podrán contar muchas cosas de Villa. Sería bueno que todas las partes tuvieran una actitud constructiva. Aunque cada uno tenga sus opiniones sobre la finalidad de la comisión parlamentaria, la imagen del Parlamento no admite actuaciones propias de objetores de conciencia. Las personas que están o estuvieron al frente de las instituciones autonómicas no pueden, bajo ningún concepto, soltar un mitin a los diputados y marcharse sin responder a las preguntas. Como ya hubo precedentes, bueno sería no repetir errores.