De las relaciones del Principado con el Gobierno central Asturias no obtiene ningún beneficio. Javier Fernández optó por renunciar a la política reivindicativa a la espera de obtener resultados positivos con el simple transcurso del tiempo. Es el presidente asturiano que se entrevistó con menos ministros en una legislatura. Como Rajoy marginó a Asturias en su política de inversiones en favor de Galicia y otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, Javier Fernández recurrió a la vía de los tribunales. Nada de quejas ni de protestas, los servicios jurídicos del Principado harían el trabajo que habitualmente realizan los gobiernos por la vía de la denuncia, la presión y la negociación, por la vía de la política. Si Rajoy tomaba decisiones contrarias a nuestros intereses, el Principado se encaminaba automáticamente al Tribunal Constitucional. Las togas se encargarían de ponernos en pie de igualdad con el resto de regiones.

Cuando el Principado anunció el impuesto sobre la banca, siguiendo el camino abierto por comunidades autónomas del PSOE, Cristóbal Montoro ideó un mecanismo para neutralizarlo, consistente en crear el Estado ese tributo con un tipo impositivo cero. Me pareció que era una maniobra muy burda, aunque de indiscutible eficacia al quedar las entidades bancarias blindadas ante figuras recaudatorias planeadas en clave ideológica por los gobiernos de izquierda. El impuesto estaba llamado a ser pagado por los titulares de los depósitos bancarios, ya que las entidades de crédito les transferirían la carga fiscal. Aunque el objetivo del Gobierno de España era acertado, no se puede actuar de una forma tan descarada contra la autonomía fiscal de las comunidades.

El Principado rápidamente se puso manos a la obra y encargó a los servicios jurídicos un recurso ante el Tribunal Constitucional. Nada de protestas, nada de realizar acciones concertadas con otras regiones agraviadas, nada de tensionar la vida pública. Los políticos con sentido de Estado dirimen sus diferencias con abogados. Pues bien, ya habló el Tribunal Constitucional y dijo que la tasa bancaria no colisiona con ningún precepto legal, que no vulnera la autonomía financiera de las comunidades autónomas y que proporciona un trato fiscal armonizado entre los distintos territorios, aportando eficacia al sistema financiero. El mundo al revés, Fernández con togas y los togados con discurso político.