Las quejas por el recargo de la gasolina se convierten en impotencia ante las propuestas fiscales de las comunidades ricas

La declaración de ilegalidad realizada por la Comisión Europea para el ‘céntimo sanitario’ ha desatado el entusiasmo entre partidos de la oposición y colectivos sociales. La animadversión contra el ‘céntimo sanitario’ sólo encuentra parangón en el peaje del Huerna, siendo ambas tasas (de muy distinta naturaleza) las únicas que merecen la protesta de la ciudadanía. Uno entiende que la patronal del transporte se movilice contra el ‘céntimo sanitario’ y contra el peaje del Huerna, a fin de cuentas ambos pagos recaen sobre el corazón de su actividad, pero resulta extraño que toda la fiscalidad que soporta la gasolina sea aceptada sin rechistar, mientras que el ‘céntimo sanitario’ no encuentra indulgencia ni aunque sea destinado para la causa más noble que quepa imaginar: curar a los enfermos.

Hay una conclusión evidente sobre la desigual receptividad que tienen los tributos: cuanto más explicitados e individualizados se presenten, mayor rechazo generan. Pagar sin saber lo que se paga, como ocurre con los impuestos especiales o con cualquier IVA aplicado a objetos de consumo, no genera debate. Tampoco hay quejas ante el IRPF, porque ahí funciona el efecto temor: mejor aceptar las cuentas del liquidador de renta que verse las caras, luego, con el inspector. De todo lo dicho se puede sacar un corolario: la actitud mayoritaria de la población ante los tributos tiene el déficit de racionalidad propio de las conductas del menor de edad. Se acepta pagar las facturas grandes si vienen bien envueltas y se reprochan los pequeños pagos porque se abonan con las monedas del bolsillo del pantalón.

Si he empezado por reflexionar sobre el comportamiento estándar de la población ante los impuestos es para llegar al déficit de los gobiernos autonómicos que los aplican. Con la excepción de la Administración central, que tiene autoridad sobre la materia desde el año 1833 en que se creó el Ministerio de Hacienda, el resto de las administraciones juega a cobrar con las facturas que presenta otro. El mejor ejemplo está en que ningún gobierno autonómico, ni los de perfil identitario ni los de rango común, ha osado mover el tramo autonómico del IRPF para financiar sus necesidades de gasto e inversión.

Hasta la fecha, hubo dos comportamientos: una primera fase marcada por centrarse en gastar con la recaudación del Estado, y otra posterior en la que el gasto sigue creciendo y se compagina con reivindicaciones autonómicas sobre los ingresos. La primera fase llegó hasta el año 1993, en que los gobiernos regionales accedieron al 15% del IRPF, y la segunda fase se encuentra ahora en todo su apogeo, cuando los gastos de las administraciones autonómicas son tan desorbitados que tienen que recibir ayudas extraordinarias del Gobierno central para afrontarlos.

Lo más significativo del asunto es que ha llegado el momento en que las aspiraciones de unos y otros son irreconciliables. Si los ingresos tributarios estuvieran en manos del Estado, como en la primera fase del proceso, las demandas serían reconducibles, porque la Hacienda central haría enjuagues entre territorios, pero ahora hay comunidades (Cataluña) que ya tienen en sus manos, por ley, el 50% de la recaudación de los grandes impuestos. El Estado ha adelgazado, y ninguna región está dispuesta a ejercer la solidaridad natural que se practica entre los miembros de la misma familia.

El debate entre Areces y Ovidio Sánchez sobre el ‘céntimo sanitario’ era una excelente oportunidad para hilvanar todos los parámetros de la polémica: el recargo sobre las gasolinas, relacionándolo con el gasto agobiante en sanidad, y la necesidad de plantear un nuevo modelo de financiación autonómica sobre bases firmes. Ocasión perdida.

Ausencia de propuestas

Los socialistas, que forman el gran partido asturiano, llevan mucho tiempo emitiendo señales de humo, pero sin precisar qué van a hacer con la financiación autonómica. Sólo han dejado traslucir dos ideas: reivindican la negociación multilateral y no aceptan que el tamaño de la población sea por sí mismo el único argumento para perfilar el sistema. Se habla de un frente entre comunidades pobres, pero el único elemento que vertebra esa liga de regiones dependientes es el miedo a las propuestas catalanas. Esta semana, el presidente Areces ha declarado que no acepta el proyecto del Ministerio de Economía de reducir la equiparación de los servicios públicos, entre las comunidades autónomas, a la sanidad, la educación y los servicios sociales, como demanda la Generalitat para poder quedarse con más recursos. El problema del Gobierno socialista asturiano es que sabemos lo que rechaza, pero desconocemos lo que propone, más allá de su imposible deseo de dejar las cosas como están en evitación de males mayores.

Sin embargo, a los catalanes se les ve su egoísmo pero se esfuerzan en presentarlo bajo un discurso racional que tiene su argumento fuerte en la siguiente constatación: tras el reparto de los fondos de solidaridad les queda menos financiación per cápita que a las comunidades pobres. Si tomamos como ejemplo de liquidación el año 2005, cada asturiano recibió para financiar los servicios transferidos un total de 2.287 euros, mientras que cada catalán obtuvo 1.920 euros. Los catalanes quieren ponerle límites a la solidaridad, para que la riqueza del pobre no acarree la pobreza del rico.

La posición de los catalanes viene inspirada en su obsesión con las balanzas fiscales. Pero es que es precisamente ahí donde hay que hacerles frente. El mejor símil es el de la Unión Europea, con un presupuesto repartido de forma desigual en apoyo de los países pobres. El ejemplo lo tenemos en Asturias, con la mitad de las autovías financiadas por los alemanes. ¿Tuvieron los alemanes una actitud altruista durante los últimos veinte años? No lo creo. O dicho de otra forma: sacaron tanta tajada de la Unión Europea como cualquier otro socio. España, Grecia, Portugal o Irlanda ganaron por la vía del presupuesto y Alemania lo hizo por la vía del intercambio comercial. El progreso de Alemania es tan evidente, en Europa, como el de Cataluña en Alemania. La defensa de Asturias pasa por poner todas las cartas sobre la mesa.