PSOE, IU y Ciudadanos han llegado a un acuerdo sobre la reforma electoral que contempla una relación más proporcional entre número de votos y actas de diputado de cada partido, de modo que el impacto de las tres circunscripciones electorales no suponga un elemento tan distorsionador en la asignación de escaños. El acuerdo también incluye el desbloqueo de las listas y la obligatoriedad de celebrar primarias y debates electorales. PP y Foro están en contra de la reforma dejando en manos de Podemos la potestad de aprobar o rechazar la iniciativa. A PSOE, IU y Ciudadanos les falta un escaño para contar con la mayoría absoluta de la Cámara. Podemos quiere introducir en la ley otros aspectos, como la posibilidad de articular propuestas legislativas populares o realizar referéndum, pero carece de apoyos.

Me llama la atención que la reforma electoral esté en el mismo punto que se encontraba en 2013, cuando el PSOE se desvinculó del acuerdo que tenía con IU y UPyD, pretextando que hacían falta amplias mayorías parlamentarias para implantar otra normativa electoral. La ruptura de aquel acuerdo le supuso quedar en minoría parlamentaria, de la que fue rescatado por el PP para poder gestionar a través de créditos extraordinarios o con la aprobación del presupuesto de 2015. La ruptura del pacto le llevó desde una cómoda mayoría de centroizquierda hasta el aislamiento, mientras que ahora se encuentra en minoría y con la aprobación de la ley no garantiza que pase a gozar de una mayoría en la Cámara. Dado que el nuevo sistema electoral no beneficia a los socialistas, saco como conclusión que la alianza con IU cotiza para el PSOE a un valor por encima del oro. Ciudadanos es un interlocutor circunstancial, como lo prueba el hecho de haberlo orillado el Gobierno en la negociación presupuestaria, y eso que Ciudadanos es el grupo parlamentario más dispuesto a realizar acuerdos con quien sea.

Reformar la ley electoral y dejar vigente la caprichosa división del mapa regional en tres es una claudicación de los partidos minoritarios. Las tres circunscripciones fomentan el localismo y no responden a ninguna realidad política, ya que jamás en el Parlamento se plantea la dialéctica del centro y las alas. La división del mapa electoral y la normativa que regula la sesión de investidura son dos hipotecas que pesan sobre las instituciones autonómicas desde la transición. IU y Ciudadanos cambian azúcar por sacarina.