Mercedes Fernández pide que se eliminen las retribuciones que cobran los altos cargos por asistir a consejos de administración de empresas. De acuerdo. Consejeros, viceconsejeros, directores generales, alcaldes, concejales, etcétera, tienen un sueldo por la tarea que desempeñan en la Administración Pública y no cabe doblar la paga durante las horas que destinan a asistir a reuniones de empresas participadas por la Administración a la que representan. No recuerdo que los interesados hayan defendido en público la pertinencia de cobrar esa dieta o sobresueldo, les basta con hacer oídos sordos y dejar que la inercia engorde su cuenta corriente. La situación está viciada de raíz, porque para los altos cargos el interés en ir a los consejos de administración no es otro que cobrar la dieta. El calendario de reuniones se confecciona según un cálculo previo de ingresos. Las dietas quedan al abrigo del debate sobre salarios, de modo que se puede aceptar un sueldo discreto si luego se reciben sustanciosos pluses extra. Hubo épocas en que pertenecer al consejo de administración de alguna entidad financiera o de alguna empresa del sector de la energía era un chollo morrocotudo, del que disfrutaban año tras año nuestros inefables políticos. Ninguno de ellos pensó que podía ingresar ese dinero en las arcas de la institución que representaba, lo que hubiera sido una actitud honorable.

Los tiempos cambiaron, ya no se puede fumar en recintos cerrados. Los altos cargos autonómicos dejaron de utilizar aquellas formidables berlinas alemanas de cientos de caballos de potencia y viajan a lomos de automóviles convencionales. Ahora hay algún grupo que hace carrera política con la bandera de la pobreza. Dentro de unas semanas -o meses- veremos en el debate de la sesión de investidura del candidato a presidente de Gobierno de España cómo algún líder parlamentario exige que no cobre más de tres veces el salario mínimo interprofesional.

Mercedes Fernández debe animarse y dejar de reivindicar lo obvio para pedir lo necesario: que el Principado disuelva la mayor parte de las sociedades públicas que están bajo su férula y que venda su participación en aquellas otras donde tiene una representación minoritaria. Eso sí que sería una clara aportación al interés general de Asturias. Dudo que Cherines lo haga, ya que consensuó con Javier Fernández una reforma del sector público que lo deja tal como estaba.