En la última semana la política española ha tenido una especial carga institucional con la constitución de las Cortes Generales y la investidura del muy honorable Puigdemont, como presidente de la Generalitat. En las ceremonias institucionales la forma es fondo, así que ningún gesto es menor.
La llegada de los diputados de Podemos al Hemiciclo admite el símil de Atila y los hunos con Roma. No es una cuestión de violencia sino de diferencias culturales. Los diputados del resto de grupos usaron las perchas del guardarropa, mientras los chicos de Pablo Iglesias llevaron los sobretodos al escaño. Las variadas fórmulas utilizadas para tomar posesión del cargo plantean la relación de Podemos con la Constitución española ¿Qué sentido tiene soltar un largo estrambote -unas veces cursi, otras simplemente banal- tras el formulismo colectivo: “prometo acatar la Constitución y trabajar para cambiarla”?
PODEMOS
A mí entender sirvió para relativizar el compromiso con la norma máxima. Lo de menos es la penosa actuación de unos diputados que necesitaban echar mano de la “chuleta” para decir una “boutade” envuelta en ropaje supuestamente poético (“somos porque fueron, serán porque somos”) ante la imposibilidad de hablar veinte segundos apoyados en la fuente del intelecto.
También me pareció irrelevante la performance de Carolina Bescansa y el retoño, que sólo demuestra cómo los diputados no tienen para desarrollar su actividad los condicionantes propios de los trabajadores de toda la escala laboral: ni las dependientas de comercio ni las gerentes de multinacional pueden estar con un bebé en el trabajo porque no podrían desarrollar su tarea. No es un problema de prohibición, sino de incompatibilidad. El caso de Bescansa es distinto: puede votar, hablar, alimentar al niño, acunarlo y representar al pueblo. La “nomenklatura” y los trabajadores se desenvuelven en dos mundos distintos. Todavía hay castas.
La sesión de constitución del Congreso de los Diputados dejó en el aire un interrogante: ¿qué papel van a jugar los diputados de Podemos en el Parlamento?
Me apetece decir que el propio de un grupo de izquierdas, con detalles coloristas, para demostrar que no han olvidado el lenguaje directo de los indignados acampados. Pero tengo dudas. No sé si al final se irán integrando en la dinámica institucional, por el choque con la realidad de la Cámara, o si optarán por seguir una línea diferente, con gestos, temáticas y propuestas cualitativamente distintas que tendrían como objetivo estratégico el desgaste de las instituciones: el enfrentamiento entre “la gente” y los órganos del Estado.
Este asunto tiene una gran importancia porque de él depende el futuro de la política española en los próximos años. Hay líderes que ya tienen respuesta al interrogante, como Pedro Sánchez, que busca una alianza de gobierno con Podemos, IU, ERC, el PNV y lo queda de Convergencia, para fortalecer la democracia española.
La ceremonia de constitución de Las Cortes Generales no dejó un poso optimista. La reflexión no se debe limitar a Podemos, sino a otros grupos, como los nacionalistas catalanes, que no tendrán otro objetivo que debilitar al Estado para que la mercancía independentista se cuele por las grietas de una legalidad erosionada tras sucesivos desafíos sin respuesta.
INTERESES PERSONALES
Del escenario complejo para la gobernabilidad de España, abierto por el resultado electoral, el mayor obstáculo proviene de quienes se espera que encuentren la solución: los líderes políticos.
La gobernabilidad en nuestro país depende de cuatro o cinco personas que anteponen sus intereses particulares a los de sus partidos. En la política española el problema no estriba en que tengan preferencia los objetivos de los grupos sobre los intereses generales, sino que están por encima los proyectos (ambiciones) personales sobre el bien de cuarenta y seis millones de ciudadanos. Para verlo mejor pongamos nombres.
El objetivo de Rajoy es gobernar. Meta compartida con el PP. Si fracasa en su intento de salir investido como presidente en el Congreso de los Diputados, tras las dos votaciones de rigor (en la primera se exige mayoría absoluta y en la segunda basta con la mayoría simple), el “plan de B” de Rajoy son las elecciones anticipadas. No le vale un gobierno de gran coalición (PP-PSOE) presidido por Soraya Sáenz de Santamaría ni por cualquier otro personaje. Esta alternativa sería aceptable para el PP, y excelente para España, pero no para Rajoy que a sus 60 años tiene planes hechos para el próximo cuatrienio.
El objetivo de Pedro Sánchez es gobernar aunque le faltan escaños para ello. En caso de fracasar no tendrá el título de consolación de líder de la oposición, ya que los barones socialistas lo quieren sustituir por Susana Díaz en el próximo congreso del partido. Para evitar que quede truncada su carrera política está dispuesto a aliarse con los partidos que propugnan la autodeterminación para las regiones y los que pretenden directamente la independencia de Cataluña. Si se introduce en la Moncloa quedará a resguardo de la ofensiva de los barones. Debido a ello tratará de hacer una entente que va contra la identidad del PSOE y los intereses de España. Conclusión: somos tierra de estadistas.