El Ministerio de Hacienda ha empezado a presionar a las comunidades autónomas que no cumplen las pautas acordadas. La mayoría de los gobiernos regionales retrasan los pagos a los proveedores por encima del plazo máximo estipulado. El Gobierno de Rajoy abrió un programa de ayuda a las regiones para liquidar las deudas que tenían con los proveedores, y una vez abonadas las facturas pendientes resulta que empiezan acumularse nuevas facturas impagadas. Montoro ha decidido empezar por Extremadura y Aragón, las regiones que menos cumplen con la normativa vigente sobre los proveedores, y en vez de transferirles dinero, paga directamente el Gobierno central a los proveedores. Valencia y Baleares también están advertidas y Asturias, junto con otras siete regiones, ha recibido el primer aviso por retrasar los pagos por aprovisionamientos.

Las medidas de Montoro llegan tarde. Al empezar la pasada legislatura, con la autoridad que da tener 186 diputados y gobernar en doce de las diecisiete comunidades autónomas, el Gobierno de Rajoy podía haber embridado a los levantiscos presidentes autonómicos. De esa forma se habría reducido el déficit público, como lo hicieron los ayuntamientos, y no habría sido necesario inventar un sistema tan perverso como el Fondo de Liquidez Autonómica, que está hecho a la medida de los territorios que tienen una hacienda quebrada, como Cataluña y Valencia. La Ley de Estabilidad Presupuestaria contenía mecanismos sancionadores, pero Rajoy y Montoro no consideraron oportuno utilizarlos. Ahora, las amenazas de un ministro en funciones no le quitan el sueño a nadie.

Las medidas que acaba de tomar Montoro son, además, muy peligrosas, porque el Gobierno se subroga en obligaciones que le corresponden a los ejecutivos autonómicos. Cualquier responsable de un territorio, sea comunidad autónoma o municipio, se quita un peso de encima si el Gobierno central liquida sus facturas. En la década de los años ochenta del siglo pasado, cuando echó a andar el Estado de las Autonomías, los gobiernos regionales no tenían autonomía fiscal, de modo que gastaban sin tener que pensar en el coste que tendría ante la ciudadanía subir los impuestos. Ahora, con el método de Rajoy y Montoro, el Gobierno paga los pufos que dejan unos manirrotos barones autonómicos. Por la vía de los hechos se ha impuesto un sistema de financiación desquiciado que genera irresponsabilidad y deuda.