Un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) muestra claramente a qué dedican los gobiernos autonómicos los recursos que reciben de los ciudadanos. La comparativa entre el año 2003 -un ejercicio de la época de bonanza- y el 2015 derriba los engolados discursos de los barones autonómicos. En esos doce años la inversión pública se redujo al 50%, aunque hubo siete regiones donde el descenso superó ese porcentaje. Si exceptuamos a Madrid y Navarra, Asturias fue el territorio en que más disminuyó la inversión productiva, aplicando un recorte del 66%. Resulta muy ilustrativo contemplar lo que ocurrió con el gasto corriente, que creció de media el 23%. Asturias fue la segunda comunidad, tras Extremadura, donde el gasto corriente tuvo un mayor incremento: el 37%.

Los números no estiran ni encogen, no sirven de materia prima para metáforas o eufemismos, con uno o dos caracteres de ordenador ponen las cosas en su sitio. Cada vez que el Gobierno asturiano nos diga que su primera prioridad es el empleo, basta con que le mostremos el dato de reducción de inversión productiva (-66%) para anular el discurso oficial. El empleo no es una prioridad en Asturias, al contrario, es un objetivo que queda relegado por detrás de las desbordantes partidas de gasto corriente. En la región donde se crean menos puestos de trabajo, nos permitimos el lujo de dejar la inversión pública reducida a un tercio de lo que era hace una docena de años. En Madrid, el recorte fue aún mayor, pero lo hizo un gobierno neoliberal, pero aquí los discípulos de Villa son los que utilizan las tijeras de recortar. Mucho presumir de gobierno austero y somos la segunda región que más elevó el gasto corriente. Tenemos una estructura de gasto desproporcionado que tiene absoluta prioridad sobre la inversión.

Ángel de la Fuente, economista asturiano, director de Fedea, advierte que el mantenimiento de la inversión pública en mínimos históricos acabará por dañar los servicios públicos que no serán sostenibles. Este es el quid de la cuestión. Todo el entramado público se sostiene con los impuestos que paga la población empleada. Si no se crea empleo es preciso recortar el gasto. No es posible mantener un fuerte nivel de gasto y una tasa de empleo baja. Al menos durante los últimos doce años la política presupuestaria del Principado ha seguido un rumbo equivocado. Y lo que es más preocupante: no hay intención de rectificar.