La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) quiere abrir una negociación con el Gobierno sobre la financiación municipal, de forma que se desarrolle de una manera paralela a la negociación de la financiación autonómica. Los alcaldes están de acuerdo en resolver de una vez por todas el déficit de recursos económicos que lastra la actividad de los consistorios. Siempre que las comunidades autónomas tienen la posibilidad de lograr más recursos, los ayuntamientos agitan sus reivindicaciones. Así pasó en el año 1993, cuando el Gobierno cedió el 15% del IRPF a los gobiernos regionales, y los alcaldes, liderados por Francisco Vázquez, demandaron el 5% de la recaudación de ese impuesto. Los alcaldes ven que tienen ahora la gran oportunidad y no quieren perderla.

Para ser justos hay que reconocer que los ayuntamientos son el pariente pobre de las administraciones territoriales. No es que los sucesivos gobiernos hayan sido insensibles a la problemática local, es que el diseño territorial español ha sobredimensionado la escala regional y los ingresos de las demás administraciones (estatal y municipal) se resienten. El debate político español está tan marcado por la relación entre el Gobierno y los presidentes autonómicos, como entre el Gobierno y la oposición parlamentaria, así que las demandas de los ayuntamientos siempre quedan en el último punto de la agenda, aplazándose sucesivas veces su resolución. Digamos que las comunidades autónomas tienen una caracterización política tan acusada como el Estado, mientras que los ayuntamientos se ven como instituciones que prestan servicios.

Pedro Castro, alcalde de Getafe y presidente de la FEMP, pretende resolver la financiación de todas las administraciones territoriales mediante un modelo ideal que consiste en que cada una coja la parte que le corresponde por los servicios que presta. No es tan fácil hacer ese reparto. Lo más plausible sería calcular económicamente los servicios que ofrecen los ayuntamientos sin que estén obligados a ello y valorar el posible trasvase de recursos desde las comunidades autónomas. Sería una novedad, porque nunca los gobiernos autonómicos firmaron un acuerdo en el que renunciaran a un euro.