Aunque en la ponencia marco del congreso federal del PSOE se hace referencia a los más variados asuntos, las declaraciones de los principales dirigentes socialistas y los titulares de la prensa no dejan lugar para las dudas: la magna reunión socialista está dedicada a profundizar en la laicidad del Estado, el rechazo del acoso laboral, los avances en la política de igualdad, los cambios legislativos sobre la interrupción del embarazo o la introducción del debate sobre la eutanasia. El otro gran asunto del congreso es la renovación de la dirección federal, dando entrada a jóvenes y mujeres, o quizás, a mujeres jóvenes.
El PSOE llega al congreso tras ganar las elecciones generales y Zapatero es un hombre optimista, así que las dos circunstancias sumadas han convertido el congreso en una experiencia feliz dedicada a zaherir viejos usos sociales y antiguas premisas ideológicas sobre las que aún ancla buena parte de la sociedad española. Como declaró Zapatero ante los delegados del congreso: «Tenemos que aprovechar el tiempo y continuar las reformas para la modernización de España. No nos van a detener».
Tiene razón el secretario general del PSOE: España necesita un partido de gobierno que impulse las reformas necesarias para la modernización del país, pero el problema aparece a la hora de señalar las prioridades, porque las más acuciantes no ocupan un lugar destacado en los discursos socialistas. Con una crisis económica de gran intensidad golpeando el tejido económico, la voluntad reformista debe empezar por los pilares sobre los que se desarrolla esta crisis.
Zapatero subrayó que «hemos sido, somos y seremos un partido de izquierdas». Pues bien, un partido de izquierdas tiene que proponer reformas urgentes en la política energética cuando el barril de petróleo se acerca a los 150 dólares. España es el país de la OCDE que tiene una mayor dependencia de los combustibles fósiles. Esa dependencia significaba incertidumbre hasta que estalló la crisis económica y ahora supone, lisa y llanamente, empobrecimiento.
En este contexto, contentarse con señalar la necesidad de potenciar las energías alternativas y mantener el periodo de vida útil de las centrales nucleares es decepcionante. Las energías renovables son imprescindibles, aunque muy caras (2.356 millones de euros en subvenciones este año), pero es igualmente necesaria la construcción de nuevas centrales nucleares y la aplicación de un programa riguroso de ahorro energético. Los heraldos de la crisis económica son la debilidad del sector financiero y el encarecimiento del petróleo. Tenemos una banca más saneada que en otros países, pero somos muy vulnerables energéticamente. Por ahí debe empezar la voluntad reformista del Gobierno.
Administración
Otro elemento crucial en el programa de reformas debe ser la Administración. Los ayuntamientos tienen un déficit de 30.000 millones de euros y las comunidades autónomas de 60.000 millones. En las empresas del Estado crece el déficit en forma de dos dígitos al año. Hay áreas, como la sanidad, en la que la situación empieza a ser ingobernable. Un pequeño ejemplo es lo que ocurre en Asturias, con el 40% de los recursos presupuestarios del Principado gastados en sanidad, y el consejero del ramo, Ramón Quirós, pidiendo al ministro Bernat Soria que le transfiera un 17% más de financiación.
Los socialistas deberían abandonar viejas concepciones y partir de un principio: la Administración define prestaciones al ciudadano, pero no está obligada a darlas con sus propios medios. En Asturias ya hemos aprendido que los productos siderúrgicos no tienen que ser fabricados por una empresa pública, y ahora tendremos que aprender que los servicios sanitarios, educativos o sociales no son necesariamente mejores si están gestionados por funcionarios.
Vuelvo a la sanidad. Los problemas de gestión sanitaria en Asturias, en gran medida de personal, serían mucho más fáciles de solucionar fuera de la rígida estructura pública. Los derechos de los ciudadanos serían los mismos, pero la gestión sería más eficiente y menos costosa, una cuestión a tener en cuenta en un momento en que cae la recaudación fiscal (IVA y Sociedades) por la crisis. Aportemos un dato. En el presente año, el incremento de gasto sanitario en España es de los más altos del mundo, sólo por debajo de Corea, México, Reino Unido y Grecia.
El otro principio sobre el que debería girar la reforma de la Administración es el de la financiación. Hay que combinar el mantenimiento a través de los impuestos con el pago de los usuarios de los servicios. Fijado un umbral mínimo de ingresos familiares por debajo del cual cualquier servicio sería gratuito (¿24.000 euros?), el resto debe prestarse con pequeñas aportaciones de los usuarios. El aplaudido monopolio de la gestión pública y la gratuidad universal de los servicios son una pesada losa para tiempos de crisis.
La carestía de servicios de comunicación o la escandalosa subida de los precios de los alimentos, sin que beneficie a los agricultores, demuestran que la reforma de los mercados es una asignatura pendiente en España. Pero preferiría señalar lo que ocurre con el mercado de trabajo, donde la patronal habla de abaratar el despido. En Dinamarca, las facilidades para despedir a un trabajador son máximas. Sin embargo, es el único país de la UE que ha entrado en recesión con dos trimestres seguidos reduciendo el PIB (0,6% y 0,2%).
El verdadero escándalo del mercado de trabajo español está en la forma de entender las prejubilaciones, que retiran de puestos cualificados de trabajo a la gente más valiosa. En Asturias sabemos mucho de eso, con las mejores generaciones de ingenieros de minas de España quedándose en casa a los cincuenta años con sueldos de Hunosa. Con los impuestos de todos se paga a los profesionales para que hagan footing por las playas de San Lorenzo o de Salinas a las diez de la mañana. Nos escandaliza la Administración Pública vasca, que manda sus técnicos al caserío durante años, para que aprendan euskera con el 100% del sueldo, y nos parece normal que juristas, economistas, geólogos, ingenieros o periodistas se conviertan en clases pasivas cuando les correspondía tirar el carro en el que vamos todos los asturianos.
Aunque no lo parezca, en un país con estos problemas le toca hacer las reformas a Zapatero.