En el informe económico que acompaña al proyecto de presupuestos se aportan algunos datos sobre el cambio propuesto en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Dos novedades, la primera consiste en suprimir el llamado error de salto, que consistía en pasar de no pagar nada cuando se recibía una herencia de 150.000 euros, a pagar 18.000 por superar en un euro el umbral de los 150.000; dos herencias, con un simple euro de diferencia, provocaban distintas consecuencias fiscales, ya que una no generaba obligaciones con Hacienda y la otra implicaba un devengo de 18.000 euros. La segunda novedad consiste en la elevación del mínimo exento que a partir del próximo año, en el caso de que se aprueben los presupuestos, será de 200.000 euros. Las dos modificaciones suponen una pérdida de recaudación de diez millones, en 2017, y de veinte millones en 2018. Una cantidad que no es muy onerosa para el Principado; distinta valoración hay que hacer para los contribuyentes, ya que se ahorrarían, de media, 28.000 ‘per capita’. Una pasta.

En la actualidad, el Impuesto de Sucesiones está exento para el 97% de los contribuyentes, y con la elevación a los 200.000 euros pasará a ser el 98% los que no tendrán que pagarlo. En Galicia, el mínimo exento está en los 400.000 euros. En el debate sobre el estado de la región, Javier Fernández sacó a relucir la norma gallega y Mercedes Fernández, desde su escaño, le dijo que se conformaría con esa rebaja impositiva. Sin embargo, a la hora de registrar el proyecto de las cuentas regionales en la Cámara autonómica, el presidente optó por una leve modificación del mínimo exento, en vez de acogerse a la pauta gallega. Dudo que lo haya hecho por el coste económico, ya que poner el límite de las exenciones en los 400.000 euros sólo suponía perder de ingresar 15 millones de euros sobre colocarlo en los 200.000. Se desperdicia más dinero con una prórroga presupuestaria.

Es curioso que el debate sobre los presupuestos haya girado sobre el gravamen de las sucesiones. Entiendo que el PP hiciera caballo de batalla de ese asunto, porque el electorado del centro-derecha es muy sensible a determinadas figuras fiscales, como sucesiones, patrimonio y la renta de las personas físicas. Sin embargo, es extraño que Podemos e IU se hayan sumado a la discusión. La regulación final no satisface enteramente a nadie, aunque quizás era lo que buscaba el Gobierno para dejar la puerta abierta a la abstención.