El vicepresidente Solbes ha presentado las líneas básicas del nuevo sistema de financiación autonómica, que someterá a criterio de todas las comunidades (excepto País Vasco y Navarra) en la reunión del próximo día 22 del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El ministro de Economía ha adelantado que propondrá ceder a todas las comunidades el 50% de la recaudación del IRPF y del IVA. La propuesta de nuevas cesiones tributarias llegó envuelta en buenos deseos: suficientes recursos para la gestión de las competencias administrativas y los servicios, lo que implicaría que ninguna comunidad saldría perdiendo en la negociación. Solbes señaló que sus propuestas son el resultado de los contactos bilaterales desarrollados con todas las comunidades autónomas. ¿Cuándo negoció con el presidente del Principado o con el consejero de Economía?

De lo dicho por el ministro hay un asunto claro: la cesión de los tributos viene marcada por la letra del ‘Estatut’. Pasar del 33% del IRPF y del 35% del IVA al 50% de ambos impuestos supone ajustarse al dictado del nuevo Estatuto de Cataluña. Aparte de esa certeza, sobre el resto de cuestiones existe una calculada indefinición. No se sabe si las garantías de financiación cubren a todos los servicios, o principalmente a educación, sanidad y servicios sociales, quedando otras políticas, como las de vivienda, fuera de esa garantía. Solbes citó a la población y al suelo como puntos de referencia para valorar el coste de los servicios. ¿Y el envejecimiento de la población no es tan importante como el número de hectáreas de una comunidad autónoma? Para aportar un tono positivo, Solbes añadió que el Estado está en condiciones de insuflar más dinero en el sistema, como si la crisis fuera un cuento de pesimistas.

Dado que la financiación autonómica es una cuestión de dinero, los trucos de la retórica no sirven para alcanzar una solución satisfactoria. De momento, ya sabemos que el Estado va a ceder más dinero de los impuestos que recauda, lo que significa que le quedan menos recursos para nutrir el fondo de suficiencia del que se benefician las regiones pobres. Si al Estado le queda menos dinero para repartir, pierden los beneficiarios de la solidaridad. Las matemáticas funcionan así, aunque la política autonómica es capaz de aportar nuevos teoremas.