A Jaime Rabanal no le gusta el modelo de financiación autonómica que baraja el Gobierno central. El consejero de Economía lo juzga impreciso, ambiguo y generador de incertidumbres. Según Rabanal, no queda claro cómo van ser los mecanismos de nivelación de servicios entre las comunidades autónomas y le parece preocupante el peso que tendrá la población en la fijación del sistema de financiación. Sin embargo, la mayor participación en la recaudación tributaria es vista desde el Principado como un factor positivo.

En efecto, las bases avanzadas por Solbes para establecer un nuevo sistema de financiación son preocupantes para Asturias. El ministro de Economía parte de las premisas del ‘Estatut’, así que lo que favorece a una región rica difícilmente va a ser bueno para una comunidad autónoma como Asturias. El ‘Estatut’ habla de circunscribir las garantías de financiación a la sanidad, la educación y los servicios sociales; Solbes dijo que la financiación sería principalmente para estos servicios. A Cataluña le interesa ponderar especialmente la población, no en vano crecieron un 18,5% sus habitantes desde el año 1999 (fecha en la que se tomaron los parámetros para establecer el actual modelo), mientras que en Asturias perdimos un 0,5% de la población desde ese año. Solbes citó la población y el suelo como factores a considerar, sin hablar del envejecimiento, la variable que más interesa subrayar a Asturias. A partir de estas referencias, decir que ninguna comunidad autónoma saldrá perdiendo en la negociación autonómica no deja de ser un brindis al sol.

Rabanal ve bien la cesión del 50% del IRPF y del IVA para Asturias. No conozco a ningún consejero de Economía que renuncie a tener una mayor participación en la recaudación de los grandes impuestos del Estado. Sin embargo, esa forma de valorar me parece equivocada. Si todas las comunidades obtienen más del Estado, el Gobierno central tendrá menos dinero para compensar el déficit económico que se produzca en la gestión de los servicios públicos de las regiones pobres. Pensar que las comunidades ricas van a hacer grandes aportaciones al Fondo de Suficiencia para suplir los flujos de solidaridad que ahora realiza el Estado es un rasgo de ingenuidad imperdonable.