Pasado mañana el ministro de Economía dará a conocer su modelo de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La reunión llega precedida de la publicación de las balanzas fiscales, exigida por la Generalitat, y por la necesidad de apostar por un sistema que sea armónico con las premisas de financiación contenidas en el ‘Estatut’, que tienen rango de ley orgánica y fueron ratificadas por referéndum del pueblo catalán. Para ir preparando el terreno, Pedro Solbes dio a conocer las grandes líneas del modelo, en el que consta un aumento de la participación de las comunidades autónomas en la recaudación de los grandes impuestos del Estado (50% en IRPF e IVA) y en una ponderación del coste de los servicios por el aumento de la población y por la extensión de la superficie de cada comunidad.

La revalorización de la variable del envejecimiento de la población, en la que tanto insiste el Principado, no parece que sea contemplada por el ministro de Economía. Quizás por ello el presidente Areces vea con preocupación las bases del modelo expuesto por Solbes y muestre su esperanza en la capacidad de Zapatero para conciliar posiciones contrapuestas. Una cosa es tener talante y otra hacer milagros.

La cesión del 50% de los grandes impuestos a cada comunidad autónoma es una traslación del mandato del ‘Estatut’ a cada región. Siempre me pareció una concesión muy inquietante la inclusión de ese porcentaje en el ‘Estatut’, porque abre la puerta a la insolidaridad. Todos los socialistas que conozco, versados en la materia, restaron importancia a esta medida. El razonamiento que me hicieron es matemáticamente impecable: si la Generalitat recibe más dinero del que le corresponde, por coste de los servicios, tendrá que devolverlo al Fondo de Suficiencia. La razón política dice lo contrario: no introdujeron los partidos catalanistas novedades financieras en el ‘Estatut’ para perder el dinero ganado por la vía del Fondo de Suficiencia. Primero se aseguran el porcentaje y luego limitan la solidaridad a determinados servicios (sanidad, educación y servicios sociales). Y Solbes habla ya de dar cobertura financiera, «principalmente», a la sanidad, educación y servicios sociales. La cosa va encajando.

Una persona confiada tenderá a pensar que si todas las comunidades reciben el 50% del IRPF y del IVA quedarán igualadas con Cataluña. Nada más lejos de la realidad. El coste de un centro de salud en Cataluña es ligeramente superior al de uno en Asturias; sin embargo, la recaudación fiscal per cápita es claramente más alta en Cataluña. Si todas las comunidades ganan dinero a costa del Estado, el Gobierno central tendrá menos recursos para compensar a las comunidades que no recaudan suficiente para costear sus servicios. Con la cesión del 50% de los grandes impuestos para todas las regiones, la solidaridad pasa a ser una cuestión que queda exclusivamente en manos de las comunidades ricas, que tratarán de limitar la cohesión estatal a algunos servicios públicos.

Medio cupo vasco

Esta semana, el editorial de un periódico madrileño, que tiene una larga trayectoria de sintonía con la política de los socialistas, argumentaba con desparpajo que además de los ciudadanos existía una tributación de los territorios, porque los impuestos iban a administraciones concretas (estatal, autonómica, local). Por esa vía, el único gasto público en el que podemos reconocernos solidarios todos los españoles es el que corresponde a competencias del Estado, como puede ser la política de carreteras o de ferrocarriles de interés nacional. Aceptar esa forma de analizar es empezar a ver España con la lógica del cupo vasco, sólo que por ahora estaríamos a mitad del cupo, como corresponde al porcentaje estipulado: el 50%.

Y ni siquiera: porque catalanes y andaluces ya han acotado en sus estatutos el porcentaje de carreteras que les corresponde (algo menos del 20% de toda España para cada una de las dos regiones).

Hasta la fecha, las urgencias de dinero de las comunidades autónomas -casi todas ellas creadas por una gestión optimista- se solucionaban con aportaciones extraordinarias del Estado. El mejor ejemplo de ello es lo que ocurrió en la II Conferencia de Presidentes dedicada a la sanidad, que se saldó con un regalo de 5.000 millones de euros, por parte de Zapatero, a todas las regiones. El problema es que a partir de ahora ya no habrá esa válvula de escape, aunque se refiriera a ella Solbes para convencer a los recelosos. No existirán aportaciones extraordinarias del Estado por la crisis económica, que afecta a la recaudación fiscal, y por el incremento de la cuota de impuestos cedidos a las comunidades autónomas.

En el Consejo de Política Fiscal y Financiera se dan cita territorios con intereses antagónicos. El bando catalanista calienta motores, diciendo que las comunidades pobres «luchan por defender sus privilegios» y subrayando que la financiación autonómica siempre se decidió entre Cataluña y el Gobierno central, como lo prueba la primera cesión del 15% del IRPF pactada entre González y Pujol.
En este contexto, parece que Asturias se ha decidido a mover pieza en el tablero de la política autonómica, por primera vez, y cohesiona un frente de comunidades deficitarias que pueden frenar los intereses del nacionalismo catalán.

Como se trata de una negociación sobre dinero, habrá ganadores y perdedores, pese a las garantías de Solbes. Mejorarán sus posiciones las comunidades ricas o lo harán las pobres. O saldrán ganando territorios ricos y pobres a costa del Estado. Bien pensado, esta última posibilidad es un mero rodeo para decir que ganarán los ricos, aunque los efectos sobre los pobres no se verán hasta que pasen unos años, cuando el Estado haya disminuido sus inversiones en infraestructuras, por falta de recursos, o cuando la sanidad y la educación autonómica pierdan calidad, porque el incremento de la recaudación fiscal en Asturias sea muy inferior a la obtenida en Cataluña o en Madrid.