Hoy se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera para examinar la propuesta de financiación del Gobierno central. Antes de empezar el encuentro cabe constatar algunas cuestiones. El esbozo del nuevo modelo de financiación anunciado por Solbes no contenta a casi nadie. Las comunidades más ricas y las más pobres han criticado, sin ambages, los argumentos del ministro de Economía. La famosa ronda de contactos bilaterales que había anunciado el Gobierno, como primer paso de la negociación, no ha tenido lugar o, al menos, no se ha realizado de manera formal con miembros de los 17 gobiernos autonómicos. ¿Cuándo se entrevistaron Solbes o el secretario de Estado de Economía con el presidente Areces o con el consejero Rabanal? En los prolegómenos de la negociación, el Ministerio de Economía se ha movido con calculada indefinición, hasta el punto de que todo el mundo conoce la postura de Cataluña, Asturias o Galicia, pero no sabe con detalle lo que va a ofertar el Gobierno.

De manera velada se ha ido ligando la negociación de la financiación autonómica a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, por eso se habla de cerrar ambos procesos en otoño. Y por último, mientras el Gobierno central ganaba tiempo, las comunidades autónomas han iniciado diálogos, entre ellas, que han tenido como resultado la formación de dos frentes, el de las comunidades más ricas (Cataluña, Madrid, Baleares y Comunidad Valenciana) y otro de regiones dependientes (Principado de Asturias, Galicia, Castilla y León, Cantabria, Aragón, Extremadura y Castilla y la Mancha).

Las buenas palabras de José Luis Rodríguez Zapatero difícilmente van a poder concretarse hoy, porque el establecimiento de los criterios de financiación beneficia a unas comunidades y perjudica a otras. Hay mucho que discutir. Lo único que une a ricos y pobres es la demanda de más recursos al Gobierno central. Desde esta óptica llama la atención que ni el presidente del Gobierno español ni el ministro de Economía hayan puesto límites al gasto público que van a financiar de las comunidades autónomas. ¿Por qué va a asumir la Hacienda estatal los aumentos de sueldos que negociaron los gobiernos regionales con los distintos sindicatos de médicos? ¿Quién es el abogado del Estado en esta negociación?