Tras pedir Mercedes Fernández que el cobro del salario social se condicione a tener una actitud activa por parte del beneficiario en relación con la búsqueda de empleo y la formación, todos los partidos dicen que ya lo habían dicho ellos primero. PSOE, Foro y Ciudadanos aseguran que siempre lo consideraron prioritario. La cuestión no está en atribuirse la paternidad sobre la idea, sino en hacer algo útil por llevarla a cabo. El salario social casi triplica la dotación que tenía cuando se incluyó la prestación entre los programas del Principado. El número de beneficiarios no deja de crecer y la reinserción en el mercado laboral es escasa e insatisfactoria. Nada indica que vaya a cambiar la tendencia, de modo que podemos encontrarnos dentro de cuatro o cinco años hablando de lo mismo mientras la cobertura presupuestaria se habrá elevado por encima de los 150 o 160 millones de euros. Lo que estaba llamado a ser una herramienta necesaria para las personas y familias sin ingresos, se habrá convertido en un elemento perverso que condena al inmovilismo a la gente sin recursos.

Seamos sinceros, ningún partido, desde el gobierno o la oposición, ha movido un dedo por cambiar este estado de cosas. El Gobierno socialista, tras una gestión calamitosa, ha conseguido con Pilar Varela algo muy importante: evitar las largas esperas que sufrían los aspirantes al salario social. La reinserción al mundo laboral es una asignatura pendiente. Para dar ese paso la Administración tiene que dotarse de orientadores laborales que controlen, aconsejen y estimulen a los perceptores del salario social. En los países nórdicos hay muchos profesionales dedicados a esta labor, pero en España son muy pocos y juegan un papel marginal. La Administración tiene que pasar de la pasividad, limitándose a financiar las pagas, a la actividad.

El Parlamento debe debatir sobre esta cuestión para llegar a conclusiones que sean revisables por la propia Cámara pasado un tiempo. Podemos e IU están radicalmente en contra de revisar la prestación. Consideran que es una forma encubierta de recortar derechos. Gaspar Llamazares ha llegado a decir que la reforma del Impuesto de Sucesiones está relacionada con el salario social: el dinero que se deja de recaudar con el tributo al elevar el mínimo exento se compensa gastando menos en salario social. Va a ser verdad que la izquierda en vez de solucionar los problemas se limita a subvencionarlos.