El juicio contra Artur Mas y las dos consejeras de la Generalitat, Joana Ortega e Irene Rigau, se traslada a la calle. La marcha organizada por el nacionalismo para acompañar a los tres acusados hasta el juzgado lo puso de manifiesto. Del Palacio de la Generalitat al Palacio de Justicia hay menos de un kilómetro, una distancia que tardaron hora y cuarto en recorrer, entre gritos de “independencia” y “ni un paso atrás” que remataron con el cántico de “Els Segardors”. Una liturgia propia de los prolegómenos de un Barça-Real Madrid, en el Camp Nou.

Los nacionalistas catalanes tratan por todos los medios de convertir en juicio político el encausamiento de los cargos institucionales que se pasaron por el forro una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) dictada por unanimidad. Fuerzan el gesto, disparatan en los discursos, piden a los funcionarios que cojan el día libre para apoyar en la calle a los sediciosos, pero se olvidan de los hechos concretos que llevaron a la Fiscalía a pedir para los tres acusados diez años de inhabilitación para cargo público. Artur Mas y las dos consejeras desoyeron la resolución del TC y organizaron un referéndum que había sido declarado inconstitucional. De ahí la doble acusación de desobediencia y prevaricación. Lo más simpático del asunto es que a la hora de organizar la estrategia judicial de sus patrocinados, los abogados defensores dicen que el referéndum fue cosa de unos voluntarios, no del Gobierno de la Generalitat. La sentencia del TC vio la luz el 4 de Noviembre y la consulta popular tuvo lugar el día 9. Pues bien, los abogados dicen que la Generalitat no medió en el referéndum, que todo fue cosa del voluntariado. La estrategia legal ante el juicio choca con declaraciones realizadas por Artur Mas, como cuando indicó que él era el verdadero responsable de que se hubieran abierto los colegios para poner mesas electorales.

Este juicio, en el que no hay peticiones de cárcel porque la Fiscalía retiró la acusación de malversación de fondos (resulta que todo el numerito del referéndum, con cientos o miles de funcionarios implicados no supone un despilfarro), es muy importante para los dos bandos. La defensa de la Constitución y la democracia puede quedar desautorizada si les resulta gratis a los nacionalistas saltarse la legalidad a la torera. Para los grupos independentistas, la inhabilitación de Mas sería la señal de que el Estado democrático, por fin, va en serio.