Los alcaldes tienen fama de manirrotos. Los ayuntamientos han tirado de largo, durante muchos años, preocupándose en gastar y gastar, sin importarles la deuda que se generaba. A escala nacional, el mejor ejemplo fue Alberto Ruiz Gallardón, que dejó el Consistorio de la capital con una losa superior a los 7.000 millones de euros, casi tanto como la suma de la deuda de todas las capitales de provincia españolas juntas, incluida Barcelona. Gasto desbocado realizaba Gabino de Lorenzo, justo lo contrario que su antecesor en el Ayuntamiento carbayón, Antonio Masip, que abandonó la institución municipal dejando mucho dinero en el cajón, listo para gastar. En la crisis económica de 1993 (un año de recesión y tres años de aumento del paro), los ayuntamientos gastaron el 20% más que el año precedente. En su disculpa hay que reconocer que todavía en aquella época muchos políticos españoles creían ciegamente en las recetas keynesianas que aconsejaban echar más carbón a la caldera cuando decaía la economía. Todos recordamos que en 2008, la primera respuesta del Gobierno de Zapatero, tras la caída de Lehman Brothers, fue montar un plan de gasto compulsivo con los proyectos redactados desde los ayuntamientos por vía de urgencia. Quiero decir que en esto de tirar la casa por la ventana los alcaldes contaron con cómplices situados en puestos importantes del Estado.

El Gobierno de Rajoy maniató a los alcaldes cambiando las reglas del juego. El resultado fue fulminante, los ayuntamientos constituyen la única institución pública que no arroja déficit, a diferencia de las comunidades autónomas, la Administración central y la Seguridad Social. En 2016, los ayuntamientos tuvieron un superávit de 7.000 millones. Desde el año 2012, en todos los ejercicios tuvieron superávit. Cristóbal Montoro sólo les deja destinar el excedente a amortizar inversiones, pagar facturas de proveedores y a inversiones sostenibles (sin gastos de mantenimiento). Una auténtica camisa de fuerza para los alcaldes que ha originado que tengan inmovilizados en los bancos 20.000 millones de euros, una cantidad semejante al déficit de la Seguridad Social.

Se ha levantado un clamor desde los consistorios pidiendo que les den libertad para gastar lo que les sobra ¿Llegó el momento de cambiar la norma? Por lo menos, el Ministerio de Hacienda debe ser ecuánime. No es de recibo que los alcaldes tengan limitados los gastos y la deuda autonómica crezca sin control.