En paralelo a la secuencia judicial el movimiento independentista sale del estupor en que se había sumido cuando medio gobierno huyó a Bélgica y el otro medio se confundió con los peatones que paseaban por las ramblas. El objetivo explícito es sacar de la cárcel a los exconsejeros y los dirigentes de la ANC y Ómnium. Las democracias no operan como las dictaduras, hay separación de poderes; la manifestación que preparan para el 12 de noviembre no va a influir en el régimen carcelario de los notables. A la jueza no le afecta que participe más o menos gente en la movilización. Las manifestaciones pueden presionar a Rajoy o tener influencia en las urnas, que es el objetivo real de los independentistas.

Los jueces tratan de hacer justicia, sin valorar las consecuencias políticas. En la cuestión que nos afecta hay una asimetría manifiesta entre la entidad de los delitos imputados (prevaricación, desobediencia, malversación de caudales públicos, sedición y rebelión) y la visión que tiene la gente de unos ex consejeros educados, serios, con el expediente penal en blanco. Aunque de forma más atenuada, ocurre algo parecido con los delitos de Hacienda. Si cualquiera de los deportistas de elite que defraudan a Hacienda robara la misma cantidad a un particular –persona o empresa– sería rechazado por la misma sociedad que le aplaude sin interrupción en los estadios. Observado con objetividad es mucho más dañino organizar una trama secreta para cambiar el sistema político saltándose las normas hasta romper el Estado, que cobrar una mordida, por elevada que sea, a un proveedor de la Administración. Sin embargo, un sector de la sociedad aplaude al primero por patriota y condena al segundo por chorizo. A la deformada sensibilidad social se suma la inmunidad que se conceden los políticos para tomar decisiones en nombre de su programa electoral. Hasta que se cruza un juez en su camino.