La muerte de José Manuel Maza obliga al Gobierno de España a elegir con mucho tino a su sucesor. No es una decisión rutinaria ya que el fiscal general del Estado fue una figura singular en la ofensiva del Gobierno contra el independentismo catalán. Hay que recordar que tras el referéndum del 1-0, el Gobierno de la Generalitat había logrado un éxito de imagen al asociar su causa con el pacifismo, mientras que el Estado democrático aparecía identificado con la violencia por las escenas vividas en los colegios electorales, cuando la Policía y la Guardia Civil tuvieron que improvisar una respuesta ante la indiferencia de los Mossos d’Esquadra que habían hecho caso omiso de las órdenes judiciales. El discurso del Rey fue el primer paso para recuperar el terreno perdido en la aciaga jornada del referéndum cuando el ministro del Interior y su equipo decidieron dar un voto de confianza a la Policía Autonómica dirigida por José Luis Trapero; tras las palabras del Monarca pidiendo a los poderes del Estado restablecer la legalidad democrática en Cataluña, vino la fuga de Cataluña de bancos y empresas; ahora bien, el estado mayor del independentismo (presidente y consejeros del ‘Govern’, diputados, líderes de los movimientos sociales nacionalistas) solo empezó a retroceder al ver que los máximos dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural (Jordi Sánchez y Jordi Cuixart) fueron encarcelados. La petición de exigentes medidas cautelares para los dos detenidos fue una decisión de José Manuel Maza. Había una gran expectación ante la suerte judicial que iban a correr los dirigentes sociales, pero al fiscal general del Estado no le tembló el pulso y pidió prisión sin fianza. Allí siguen.