Los gobiernos autonómicos tienen prisa por negociar un nuevo modelo de financiación. La cúpula de los grandes partidos ha incluido esa cuestión entre las prioridades de la agenda política. Fruto de las urgencias ha nacido el ataque de los gobiernos regionales al cupo vasco. Les asiste la razón, ya que no es de recibo que una comunidad se financie de una manera distinta al resto y que por esa vía logre un extraordinario paquete de recursos, mientras que otras no tienen dinero para costearse los servicios básicos fundamentales. Ahora bien, con la crisis catalana abierta y el cupo recién aprobado para los próximos cinco años, no es muy útil cargar contra molinos de viento.

Lo que ahora toca es impedir que el manoseado modelo de financiación autonómica quede definitivamente descompensado por la vía de hacer concesiones extraordinarias a Cataluña. Como es una región muy poblada, cualquier privilegio añadido dañaría a las regiones que reciben más fondos de solidaridad del conjunto del sistema de financiación. Es distinto dar un trato de favor a un territorio como el País Vasco, con 2,1 millones de habitantes, que hacerlo con Cataluña, que tiene 7,5 millones. Cuando las elecciones catalanas hayan quedado atrás y se forme el nuevo gobierno de la Generalitat, habrá un intento por devolverlos a la vía autonómica a través de una negociación bilateral que incluya medidas extraordinarias como la condonación de la deuda. En ese momento, Asturias y las regiones que se han dotado de un régimen estatutario por la llamada vía lenta deberán mostrarse firmes y exigir un trato igualitario. O todos, o ninguno.