TRES MESES PERDIDOS
Hoy se cumplen tres meses desde la celebración de las elecciones catalanas. En la noche electoral, las tres opciones independentistas, Juntos Per Catalunya (JxC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP), declararon eufóricos su victoria y en noventa días no se han puesto de acuerdo para gobernar. Durante dos meses largos el estado mayor del nacionalismo estuvo a expensas de las ocurrencias de Carles Puigdemont. Desde su casa de Waterloo (Bélgica) sondeó al Tribunal Supremo, al Gobierno español y a la opinión pública catalana con distintas alternativas que tenían un final común: volver a presidir la Generalitat ejerciendo sus competencias a distancia. La idea era completamente descabellada y no contaba con precedentes en ninguna democracia del mundo, por eso resultó asombroso que las direcciones de los tres partidos independentistas se tomaran en serio la burla y estudiaran la posibilidad de nombrar a un presidente marioneta para que ocupara el cargo en la Generalitat recibiendo órdenes a distancia de Puigdemont. La cura de realismo corrió a cargo del Tribunal Constitucional, que descendió al detalle para aclarar qué condiciones tenía que cumplir todo hipotético candidato a la Presidencia del ‘Govern’.
Frustrado su sueño, el propio Puigdemont se arrogó la competencia de elegir sucesor y señaló con el dedo a Jordi Sánchez, expresidente de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), un señor sin experiencia en política institucional, pero dispuesto a seguir los dictados del prófugo expresidente. Jorge Sánchez pidió al Tribunal Supremo (TS) que le dejaran asistir a la sesión de investidura, con resultado negativo. Tras cinco meses entre rejas la prioridad para Sánchez es salir de la cárcel y lo secundario presidir Cataluña, por eso ante la sala de apelaciones del TS, se declaró dispuesto a abandonar la política y volver a la docencia, si esa fuera la condición del Supremo para recobrar la libertad.
La tercera opción es el exconsejero de Presidencia, Jorge Turull, fruto de un acuerdo entre JxC y ERC, que también tiene el aval de Puigdemont. A estas alturas del melodrama, el prófugo se conforma con un acuerdo económico, para percibir una renta permanente que le permita vivir en el palacete que tiene arrendado. Turull puede ser elegido, aunque es un político imputado, que puede quedar inhabilitado. Y lo que es más importante, si la CUP cumple su amenaza y no le apoya, seguirá el bloqueo.