SINDICATURA, EL SESGO PARTIDARIO
La decisión de crear la Sindicatura de Cuentas partió de los dos grandes partidos (PSOE y PP). Entre la ciudadanía no había un estado previo de opinión que empujase a dar ese paso, de modo que la gente recibió con absoluta indiferencia la ampliación del edificio institucional del Principado.
Bien es cierto que el órgano formaba parte de las previsiones estatutarias y, lo que es más importante, que había réplicas del mismo por todo el mapa autonómico.
Los dirigentes del bipartidismo hablaron de la necesidad de controlar la actividad financiera del sector público autonómico, como si el Tribunal de Cuentas no hiciera ya esa labor. Entre líneas se entendía el mensaje: era mejor que esa labor de fiscalización y control se ejerciera desde la cercanía.
Repito, a la gente le daba igual, y solo sentía un cierto recelo por el elevado coste que podía suponer para las arcas autonómicas los nuevos órganos.
Por aquellos primeros años del siglo XXI, los cuarenta y cinco escaños de la Junta General del Principado se repartían entre PSOE, PP e IU. El famoso triángulo asturiano con dos lados muy largos (entre socialistas y populares sumaban más de cuarenta diputados) y un pequeño segmento para IU.
Nombres
El único asunto problemático de la Sindicatura de Cuentas estaba en la personalidad de los síndicos. Era delicado escoger a los que iban a ocupar esos puestos con capacidad para decidir qué ayuntamientos o sociedades se auditan y el contenido de los informes. Dada la correlación de fuerzas en el Parlamento, el espinoso asunto de los nombres se solventó en una negociación reservada entre Javier Fernández y Ovidio Sánchez, máximos líderes del PSOE y PP.
Como la Sindicatura es un órgano que emana de la Junta General del Principado, y a ella rinde cuentas, los dos negociadores entendieron que lo sensato era que cada uno de los tres partidos propusiera un síndico, reservando para el partido con más escaños (PSOE) la propuesta del síndico mayor. En aquellas semanas, un amigo mío socialista, que estaba en la pomada, me dijo que iban a presentar un candidato de mucho peso, intachable, que iba a impresionar a todos.
Ultimado el pacto, la Junta General del Principado, por unanimidad, eligió a Avelino Viejo (PSOE), Mercedes Fernández (PP) y Antonio Arias (IU). El aspecto más polémico de la terna estaba en Cherines, ya que en la Ley del Principado de Asturias, 3/2003, de 24 de marzo, de la Sindicatura de Cuentas, se dice que los síndicos deben contar con «más de diez años de experiencia sobre las materias sobre las que versa la función de la Sindicatura de Cuentas».
El perfil académico de Cherines es enteramente jurídico, ajeno a todo lo que tiene que ver con la fiscalización, auditoría o análisis de cuentas, pero la clase política cerró filas en torno al pacto de los jefes de partido.
Con su voto solidario, PSOE, PP e IU inocularon el sesgo partidario desde el mismo momento en que la Sindicatura de Cuentas inició su labor. Una institución que debía ser escrupulosamente independiente y ajena a la lucha política se vio marcada por la huella del Gobierno y la oposición. La biografía política fue la única razón para que el Parlamento ungiera a los síndicos.
Trifulcas
Hubo todo tipo de líos. Los síndicos del PP e IU pretendieron en un momento dado llevar la labor fiscalizadora más allá de lo que marca la ley (el registro de ‘cuentandantes’, donde se especifican las sociedades públicas que forman parte de la Cuenta General del Principado de Asturias). Cherines y Antonio Arias querían controlar a otras sociedades, pese a que los informes jurídicos de la Sindicatura y el informe del letrado de la Junta decían lo contrario. Una actitud insólita.
Por su parte, Avelino Viejo, tras una visita a Gabino de Lorenzo, señaló que se iban a comparar los resultados obtenidos de auditar los distintos ayuntamientos, como si el Parlamento le hubiera hecho ese encargo.
Se sucedieron mil trifulcas de todo tipo, al llevar algunos diputados asuntos a la Sindicatura, tras haber perdido el debate en el Parlamento, convirtiendo a la Sindicatura en una suerte de segunda Cámara. Por su parte, Antonio Arias se quejó amargamente del papel de comisaria política que jugaba, a su entender, la Secretaria General de la Sindicatura, Rosa Zapico.
Dimisión
Así, en un enredo de políticos, síndicos y técnicos, con una madeja de relaciones laborales, políticas, personales y personalísimas, llegamos hasta el presente, en el que toda la oposición pide la dimisión del síndico mayor por haberse empeñado en utilizar un sistema para la provisión de plazas del personal de la Sindicatura que había sido informado en contra por el letrado de la Cámara y la Mesa de la misma. Una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias declaró nulo el procedimiento utilizado, vino la petición unánime de dimisión.
El síndico se aferra al sillón y el PSOE no quiere que se levante. La letra de la ley permite el enroque. Ahora bien, desde la lógica política, si la Cámara nombra a los síndicos, la Cámara debe poder cesarlos cuando pueda argumentar que su gestión causó un daño a la imagen de la Sindicatura.