La resolución de la Audiencia de Schleswig-Holstein (Alemania) de entregar a Carlos Puigdemont a España con el único cargo de malversación de caudales públicos pone en una situación difícil a nuestro Tribunal Supremo. De aceptar las condiciones de la entrega señaladas por Alemania, el expresidente de la Generalitat solo podría ser juzgado por ese delito en nuestro país; además, es probable que recobrase la libertad, gozando de todos sus derechos políticos. Renunciar a la entrega sería sinónimo de confinar a Puigdemont en Alemania, porque si se desplazase a otro país podría reactivarse la euroorden.

A toda esta desagradable situación se ha llegado porque los jueces alemanes han actuado de una manera totalmente improcedente, cargándose el concepto de euroorden y entrando ellos a dilucidar si hubo o no actuación violenta por parte de los independentistas, algo que corresponderá realizar a los jueces españoles que formen el tribunal que juzgue a los sediciosos. La justicia alemana no se fió de la independencia del Tribunal Supremo e invadió sus competencias para llegar a la conclusión de que Puigdemont solo transgredió la legalidad utilizando el dinero público para fines distintos a los que estaban estipulados. Piénsese, por ejemplo, en los recursos destinados a organizar el referéndum ilegal del 1-O. Sin embargo, los elementos más punibles del proceder del expresidente y sus consejeros, como el impulso dado a leyes contrarias a la Constitución, pese a ser apercibidos por el Tribunal Constitucional, o los pasos dados para la declaración unilateral de independencia, son perfectamente legales para los togados alemanes.