Es evidente que si el presidente del Gobierno desea cambiar la reglamentación es porque considera que el PSOE sale favorecido con un mayor protagonismo electoral de los españoles que viven en el extranjero. Normalmente, el partido que está en el poder recibe, proporcionalmente, más apoyos del voto de fuera que del de casa. En líneas generales, es más que probable que PSOE y PP sean los grandes ganadores con la vuelta al sistema que se usaba hasta el año 2011, mientras que los partidos recientes, Ciudadanos y Podemos, son menos conocidos entre los emigrantes y saldrán peor parados. Como la modificación del voto rogado se decide en el Congreso de los Diputados, es difícil saber, a priori, las posibilidades que tiene el Gobierno de enmendar la norma, pero es probable que cuente con el apoyo de los grupos nacionalistas que siempre trabajaron mucho la clientela de la emigración.

El problema no está en escoger entre voto rogado o voto sin rogar, sino en aceptar que se constituya un censo radicalmente falso, donde se mezclan españoles con personas de otros países que tuvieron, por ejemplo, un abuelo asturiano. Nacieron en países lejanos, y tras llevar toda una vida estudiando, trabajando, teniendo hijos y pagando impuestos en esos países, se les otorga el derecho de elegir a los diputados de aquí. En virtud de alguna rama de su árbol genealógico se les dan los mismos derechos políticos que a un paisano que nació en Luarca o Villaviciosa, hijo y nieto de asturianos, que trabaja y paga impuestos en la región. Hay 116.000 supuestos emigrantes con derecho a voto que pueden dar un vuelco al Parlamento asturiano. Ningún líder habla del asunto.