Se cumplen hoy veinte años del famoso 14-D, la primera huelga general en democracia. La convocatoria de los sindicatos CC OO y UGT tenía como objetivo protestar contra el plan de empleo juvenil, pero el fondo de la movilización consistía en demandar un cambio en la política económica, concretada en la petición de un «giro social». El Gobierno de Felipe González asumió la demanda y el ex ministro de Economía Miguel Boyer escribió un lúcido artículo en ‘Abc’ avisando que se torcería el curso de la economía, como ocurriría tres años más tarde. La protesta fue producto del éxito del país, porque 1987 había sido el año mágico de la economía española, bajando la inflación del 8% al 4% y creciendo el PIB un 5,5%. Nunca en la historia de España se dio un ejercicio tan sobresaliente de enfriamiento de precios y aumento de mercancías y servicios.
A los veinte años el escenario es radicalmente distinto, al adentrarse el mundo en una recesión global de la que formamos parte por méritos propios, con una gran bolsa de viviendas sobrevaloradas sin vender, con una caída del 26% en la venta de coches con respecto al año precedente (en Alemania aumentó un 2,2% la venta de coches y en Francia se incrementó en un 0,8%) y con un crecimiento del paro de un millón de trabajadores. Aquellos sindicatos reivindicativos de los años ochenta del siglo pasado se encuentran ahora desconcertados, aunque en Italia les acaban de iluminar el camino con una protesta nacional en demanda de «más trabajo, más salarios, más pensiones y más derechos». La cuadratura del círculo con pancarta sindical.
En un mes con tiempo inhábil por las fiestas navideñas, la agenda oficial está repleta de decisiones y negociaciones económicas. El presidente Zapatero acaba de anunciar una movilización singular de recursos públicos, que incluye 19.000 millones de euros para las infraestructuras de transporte, 8.000 millones para inversiones municipales y 5.000 para actuaciones en medio ambiente. A escala europea se acaba de cerrar la negociación sobre el cambio climático, y en lo que queda de mes se debe dar solución a otros dos problemas, la financiación autonómica y el déficit de tarifa eléctrica. Este último asunto, que parece una cosa entre empresas eléctricas y el Gobierno, nos afecta a todos, porque se trata de una factura de 19.000 millones de euros que pagamos religiosamente todos los contribuyentes en 15 años. Este año pagamos 1.500 millones a las empresas, que se suman a lo que abonamos en el recibo de la luz.
Un dato excelente
En medio de este panorama, la caída del precio del petróleo es un dato excelente para España, que ha ahorrado 12.000 millones de euros en la factura del crudo desde el verano. Si el petróleo baja de precio es malo para Putin o para Chávez, pero resulta muy positivo para España, que es el país con más dependencia energética de la OCDE. Con la bajada del precio de la energía, la inflación quedará en menos de dos puntos a final de año. La losa del déficit exterior (todo lo que debemos fuera) disminuye con el petróleo a menos de 50 dólares el barril. La deflación es muy mala, pero la energía barata es muy buena.
Las dificultades de los bancos, el frenazo del consumo y el aumento del paro crean demasiados quebraderos de cabeza para que nos obsesionemos con las emisiones de CO2. Las emisiones de gases van a caer en picado con la crisis económica. No entiendo nada más que como una campaña de imagen la euforia de los líderes europeos por el acuerdo alcanzado sobre el cambio climático. Durante años va a bajar la generación eléctrica y las producciones de acero, cemento y coches. A la fuerza, desde Estados Unidos hasta China, todo el mundo va a ser más ecologista. Menos mal que el acuerdo sobre el cambio climático siguió las directrices auspiciadas por Alemania, muy benevolente con las industrias contaminantes que estén en riesgo de deslocalización.
Profesores y doctores
Zapatero, como Obama, va a invertir en obra pública. Es un acierto la inversión en infraestructuras de transporte, para las que ya había un plan a largo plazo, el PEIT, que incluye actuaciones por valor de 240.000 millones de euros. Un juicio más dudoso merece el plan de inversiones de los ayuntamientos, centrado en actuaciones poco ambiciosas (no puede superar ninguna los 5 millones de euros), y resulta preocupante la desatención a los puntos vulnerables de la economía española, la falta de capacitación de la mano de obra y el escaso empuje de los procesos tecnológicos.
El Gobierno de España es consciente de que tres cuartas partes del paro proceden del sector de la construcción, pero es un error dedicar ingentes cantidades de recursos a construir casas (el plan de la vivienda crece un 49%) con el gran stock existente de viviendas vacías, debiendo canalizarse esas energías hacia la construcción de infraestructuras.
El desastre de la educación, con un montón de adolescentes y jóvenes semianalfabetos vagando por la calle sin posibilidad de trabajar, explica el 60% del diferencial de productividad con los EE UU, como acaba de evidenciar un estudio de la Fundación Alternativas. Está muy bien ir en sintonía con Obama y los grandes países europeos, pero tenemos deberes nacionales atrasados: la mejora de todas las etapas de la enseñanza reglada, desde la obligatoria hasta la universitaria, y la racionalización de la sanidad. Dos asuntos que dependen más de castas profesionales que de inversiones millonarias