EL viceconsejero de Bienestar Social, Ángel González, asegura que el Principado no pondrá obstáculos para encontrar los restos de personas fusiladas durante la Guerra Civil o en la inmediata posguerra. Nada más conocerse el protocolo de actuación que regula la exhumación de las fosas clandestinas, el dirigente de IU muestra la disposición del Ejecutivo autonómico a colaborar con los familiares de las víctimas o con asociaciones civiles que trabajan por llevar a la práctica los objetivos de la Ley de Memoria Histórica. No obstante, Ángel González supedita sus deseos a lograr un posicionamiento común con el PSOE, ya que la actuación de un Ejecutivo de coalición pasa por consensuar posturas. Tengo la impresión de que los socialistas no le van a poner ninguna cortapisa a Izquierda Unida. Ambos partidos piensan lo mismo con respecto a la Ley de Memoria Histórica, y apoyan la práctica de las exhumaciones. Pudiera haber diferencias de matiz, cuando está la Iglesia Católica por el medio, pero comparten la esencia del discurso: la democracia debe hacer una revisión que no fue posible en la Transición por culpa de los poderes fácticos.

Los socialistas tienen otra razón añadida para dar apoyo activo a la campaña de exhumaciones, que está relacionada con la agenda política. La actualidad está ocupada con la crisis económica, dando pie a titulares desalentadores. Ningún gobierno tiene en sus manos la solución a un problema de dimensiones mundiales, pero todos los ciudadanos miran para sus dirigentes exigiendo respuestas, así que los gobernantes necesitan transmitir la impresión de que hacen cosas para mejorar una imagen que la crisis económica deteriora. Cualquier iniciativa es buena, tanto da que tenga que ver con el cambio climático, la política de igualdad o la recuperación de la memoria republicana.

Las prioridades de España no pasan por el debate sobre el doloroso pasado. Es lógico que familiares de personas fusiladas hace setenta años quieran tener el reconocimiento que se les negó en aquellos momentos trágicos. Es un derecho que se debe respetar escrupulosamente. Lo único que quiero decir es que tanto en la pasada legislatura, en plena bonanza económica, como en la actual, en plena recesión, la clase política se las ha ingeniado para aplazar lo que tocaba hacer.