La amenaza de los socialistas catalanes (PSC) de romper su relación con los socialistas españoles (PSOE), si no se pactaba un nuevo modelo de financiación autonómica antes de acabar el año, ha surtido efectos. El presidente Zapatero se apresura a llegar a un acuerdo con todos los gobiernos autonómicos que tendrá como punto de partida las cláusulas de financiación recogidas en el ‘Estatut’. Dos razones poderosas impulsan a ello, el carácter de ley orgánica del texto catalán y el peso de los veinticinco diputados socialistas catalanes en la Cámara baja.

En el ‘Estatut’ se fija un nuevo tipo de participación de Cataluña en la recaudación de los grandes impuestos estatales, quedando establecido que el 50% del IVA y del IRPF pase a manos de los catalanes, así como el 58% del Impuesto de Hidrocarburos. Esos mismos porcentajes propone ahora el Gobierno que se extiendan al resto de las comunidades autónomas. Me parece bastante preocupante privar al Estado, por ley, de gran parte de sus tributos, pero todo depende del compromiso de los gobiernos autonómicos para hacer frente a sus gastos. Ahora bien, los catalanes no son tan ingenuos de aumentar el volumen de ingresos con una mano para perderlo por la otra contribuyendo con más dinero a la solidaridad. Al quedarse con un porcentaje mayor de los impuestos que se recaudan en su territorio les tocaría entregar más dinero al fondo común que garantiza la financiación de los servicios públicos de todas las comunidades. Para evitar ese flujo hacia otras regiones establecieron en el ‘Estatut’ que la financiación autonómica abarcase sólo a las áreas de salud, educación y servicios sociales. Ahora Zapatero propone excluir de la financiación autonómica servicios como la Justicia o la política de vivienda. Se mire por donde se mire es una concesión a los catalanes que perjudica a las comunidades más dependientes de la solidaridad interterritorial.

Aclarada la cesión de tributos y limitados los servicios que serán financiados por el fondo de solidaridad, hace falta saber cómo se cuantifica el coste de la sanidad o de la educación, donde los catalanes quieren imponer el criterio de la cantidad (incremento de población) y Asturias el de la calidad (vejez, dispersión). La respuesta llegará con el mensaje navideño de Montilla.