Si al estamento político se le deja abandonado a su suerte, orienta su trabajo en dos direcciones: los propios intereses y el cumplimiento de las rutinas. Ejemplo de lo primero fue lo que ocurrió en 2013, cuando la Junta General del Principado estuvo medio curso parlamentario dedicada a discutir sobre las nóminas de los diputados y los complementos que cobraban.

Hasta entonces tenían dos pluses fijos que no tributaban a Hacienda, uno por manutención y estancia (933 euros al mes) y otro por kilometraje. Este último se abonaba por desplazamientos diarios de casa al Parlamento, aunque fueran a pie o en coche de un cuñado. En conjunto, más de un millón de kilómetros, ya que computaban domingos y fiestas de guardar.

Hipotecas

Los expertos fiscales criticaron los dos pluses. Para modificar el sistema dedicó el Parlamento sus mejores energías durante una buena temporada. Por cierto, con la nueva modalidad los diputados no perdieron ni un euro.

El cumplimiento de las rutinas es una tarea obligada. La agenda parlamentaria se repite año tras año, como las enseñanzas de un maestro en la escuela. Si en noviembre las pizarras se llenan de restas, en esas mismas fechas la Cámara autonómica acoge la negociación de los presupuestos. Este año, el debate ha empezado por una cuestión inesperada: la elevación del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.

Causa rubor que haya un tributo de ese tipo. Nunca debería haber existido. Lo impuestos se rigen por pautas lógicas. Todo el mundo acepta que la renta, el consumo o la posesión de un patrimonio sean hechos imponibles, pero la elevación a escritura pública de un préstamo hipotecario no debe soportar gravamen alguno. Es como obligar a pagar por salir de casa.En las dos variedades, tanto cuando los políticos debaten sobre cosas vinculadas a sus intereses, como cuando siguen pesadas inercias generadas por ellos mismos, la realidad social resulta ignorada.

Los problemas de la colectividad penetran en las instituciones por la vía de la demanda o, si se quiere, por mor de la reivindicación. El último caso que lo demuestra es la crisis de Alcoa.

Alcoa

Los datos sobre la problemática de las industrias electrointensivas estaban ya sobre la mesa. Para el Gobierno de España no eran desconocidos. Sin embargo, no movía un dedo. Siempre la agenda oficial tiene prioridad sobre los problemas reales. El 70% de la electricidad que se consume en Asturias es de uso industrial. En ninguna comunidad autónoma pasa algo parecido. El consumo industrial en España apenas supera el 36% del total. El precio del suministro eléctrico para las industrias que tienen un alto consumo energético se ha convertido en un problema desde que dejaron de gozar de la tarifa especial (G-4). Pensar que los acuerdos entre las empresas eléctricas y las industrias iban a proporcionar un precio de suministro razonable era una quimera.